Maixabel Lasa, directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Lakua, no ve con buenos ojos que los grupos parlamentarios debatan sobre otras víctimas, aquellas que no fueron reconocidas en la sesión de ayer. El día en que se aprobaba en el Parlamento la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, consideró una «interfecencia grosera e inoportuna» la mención a una hipotética apro- bación de una ley que se refiere a otras víctimas del conflicto.

El simple hecho de que el Ejecutivo, en este caso la Dirección de Derechos Humanos, que depende del Departamento de Justicia -la oficina de Lasa depende de Interior-, haya elaborado un informe relativo a las víctimas de las Fuerzas de Seguridad del Estado, organizaciones parapoliciales y grupos de «incontrolados» ha causado en los últimos días la airada y agresiva respuesta de partidos políticos y algunos medios de comunicación. Las declaraciones de Lasa, en el propio Parlamento, fueron del mismo tenor.

La directora de la Oficina de Víctimas manifestó «con rotundidad» que en el seno del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe no se ha debatido esta propuesta, por lo que apostilló que «no goza de su aval».

Poco más tarde, la Dirección de Derechos Humanos declaró que su informe relativo a «las víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos derivadas de la violencia de motivación política» se limita a incluir «recomendaciones» que «deberán ser objeto de debate» parlamentario, por lo que las «interpretaciones» realizadas por Aintzane Ezenarro la víspera «no se ajustan a la realidad».

En un comunicado, recordó que el informe es un mandato del Parlamento de Gasteiz, al que «no puede sustraerse» y que «exige identificación de las víctimas y formulación de recomendaciones para su tratamiento» con un plazo «preceptivo», que concluye antes del 30 de junio. Por esta causa, aseguró que las «afirmaciones e interpretaciones» de la portavoz parlamentaria de Aralar sobre la existencia de un compromiso de esta Dirección o del Gobierno para aprobar una ley o poner en marcha una Dirección específica en la materia, «no se ajustan a la realidad».

Esta polémica saltó el día en que la Cámara autonómica aprobó la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo que, según indicó el lehendakari, parte de «la vocación de incluir a víctimas de ETA, GAL y otros grupos terroristas», pero que a su vez, y tal como han denunciado diversas asociaciones, excluye a otras víctimas del conflicto.

Juan José Ibarretxe fue el encargado de presentar el proyecto que fue respaldado en el pleno parlamentario, al contar con el apoyo de todos los grupos excepto de Ezker Abertzalea, ya que se ausentó en el debate al estar citados sus integrantes en el juicio que se está llevando estos días en la Audiencia Nacional española contra EHAK.

El texto aprobado contempla tanto ayudas por daños materiales y por prestaciones sanitarias como otras medidas, tales como homenajes. Esta ley, sin embargo, está dirigida, según explicó el propio Ibarretxe, a las «víctimas de ETA, GAL y otros grupos terroristas», excluyendo de esa manera a otras víctimas del contencioso, como pueden ser las víctimas de la violencia policial. El lehendakari calificó el día de «histórico» y un «dignísimo broche a la intensa política activa de las instituciones hacia las víctimas».