El Pleno de la Cámara de Gasteiz aprobó ayer el memorando sobre la carga policial contra obreros que el 3 de marzo de 1976 ocasionó la muerte de cinco trabajadores por disparos de bala y que apunta a los responsables políticos de la actuación represiva. El Parlamento lo sitúa como paso un paso en la reparación de las víctimas.

El informe fue respaldado por todos los grupos, excepto el PP y Ezker Abertzalea Taldea -Itziar Bazterrika explicó su voto en contra por la falta de «un compromiso serio y real» para el resarcimiento de las víctimas-, y tampoco ha sido aceptado por la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo.

Cuando el dictamen fue aprobado en comisión, las víctimas criticaron que «no aborda el problema en profundidad, no recoge la premeditación con que actuó la Policía y tampoco la exijencia de que se corrijan las injusticias cometidas». Por ello, calificaron el informe de «insuficiente»

El dictamen, elaborado en comisión parlamentaria, establece que en lo ocurrido hace 32 años en Gasteiz «dimana la existencia evidente de responsabilidades políticas». En concreto, acusa a los entonces ministros españoles de Interior, Manuel Fraga; de Relaciones Sindicales, Rodolfo Marín Villa; y de Presidencia, Alfonso Osorio.

Cinco muertos

Recuerda que en esos sucesos en que murieron cinco trabajadores, y hubo 47 heridos que necesitaron hospitalización, 42 de ellos de bala y otros 30 de menor gravedad, «lo constatable es que la Policía recurrió finalmente a sus armas reglamentarias contra los obreros».