En 1999 el Ararteko recomendó que «en todas las comisarías de la Ertzaintza se estableciera un sistema de control basado en grabaciones de video realizado desde las cámaras situadas en los pasillos de la zona de calabozos». Recomendación que, como él mismo reconoció, tenía «menos alcance que las efectuadas por el Relator de la ONU, pero resultaba sencilla de poner en práctica, puesto que se utiliza el sistema de cámaras ya existente».

Sin embargo, cinco años después, en su «Declaración sobre la tortura» del 21 de diciembre del 2004, tuvo que denunciar que, «tras unas reticencias iniciales, basadas en supuestas dificultades técnicas, el Departamento del Interior aceptó», pero tras efectuar el Ararteko varias visitas a los centros de detención comprobó que «en algunas comisarías -en las que han tenido lugar detenciones incomunicadas- hay dos zonas diferentes de calabozos, totalmente independientes entre sí, y el sistema de grabación sólo se ha instalado y se encuentra operativo en una de ellas, curiosamente la que menos se utiliza».

Debido a dicha denuncia y a la intensa presión social existente en Euskal Herria contra la tortura, el 30 de septiembre del 2005 el consejero del Interior, Javier Balza, se vio obligado a anunciar que en adelante la Ertzaintza iba a grabar también a las personas incomunicadas.

Ahora, las autoridades del PNV acaban de reconocer que estos dos últimos años en que la Ertzaintza no ha incomunicado a nadie no ha habido ninguna denuncia de torturas contra dicho cuerpo, dejando así en evidencia su argumento de que las precedentes denuncias eran falsas, pero siguen negándose a declarar de una vez por todas que la Ertzaintza no va a incomunicar nunca a nadie más.

Peor aún, siguen mostrando complicidad con los torturadores al pedir pruebas imposibles a los torturados (una de las funciones de la incomunicación es la de imposibilitarlas) en lugar de proclamar que es a las autoridades españolas a las que corresponde probar que no ha habido torturas, ya que éstas disponen de un modo muy sencillo para hacerlo. Les basta con aplicar una medida solicitada insistentemente por los organismos internacionales: la grabación de las personas incomunicadas.

Medida que, año tras año, el Estado español se niega a aplicarla alegando las más peregrinas excusas. Por ejemplo, la que utilizó en mayo de 1995 (¡hace más de trece años!): «Se considera que el uso de técnicas audiovisuales de grabación es un deseable objetivo, pero por razones presupuestarias, la puesta en práctica de dichos sistemas no es factible a corto plazo». Aquella alegación la firmó Juan Luís Ibarra Robles, hoy día magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la CAV.

Tras un «corto plazo» de siete años, la nueva excusa que dio el representante del Gobierno español en la sesión de noviembre del 2002 del Comité contra la Tortura de la ONU, CAT, fue que dicha medida se estaba retrasando «porque la querían aplicar realmente bien».

Finalmente, y debido a la presión internacional, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se vio obligado a prometer, a finales del 2006, que iba a aplicar un protocolo a los detenidos incomunicados bajo su responsabilidad, pero resulta que su principal medida, que era precisamente la de que dichos detenidos iban a ser filmados durante todo el tiempo en que estuviesen incomunicados, ha caído en saco roto.

El último informe del Relator para la Tortura de la ONU, Manfred Nowak, recoge la excusa en que se escudan ahora las autoridades españolas: «las Fuerzas de Seguridad no disponen, en la actualidad, de capacidad técnica para grabar de manera permanente a todas las personas que se hallen en situación de detención incomunicada».

Así, tras atiborrar desde hace muchísimos años todos los espacios públicos de cámaras de vigilancia, tienen la caradura de alegar una supuesta falta de capacidad técnica para colocar unas pocas en el interior de las comisarías y cuartelillos donde incomunican y torturan a tanta gente.

Las autoridades del PNV también se inventaron mil y una excusas hasta 2005, y precisamente por eso desean ahora evitar a toda costa reconocer una irrefutable realidad que también les dejaría en evidencia: en caso de denuncias de torturas, la carga de la prueba recae sin duda en las autoridades que pueden fácilmente grabar a los incomunicados para probar que no se han producido.

En lugar de ello, siguen con la cantinela de que deben ser los jueces quienes esclarezcan dichos casos cuando es de sobra conocido a quiénes exigen pruebas imposibles esos jueces y a quiénes se abstienen de pedir hasta lo insultantemente obvio.

¿Qué piensan hacer esas autoridades la próxima vez que detengan a una persona y ni siquiera le apliquen ese a todas luces insuficiente protocolo de Garzón?

Mucho me temo que seguirán haciendo gala de su habitual hipocresía al respecto y mirarán a otro lado, a no ser que el escándalo sea mayúsculo como en el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola. Y que encima seguirán presentándose a sí mismos, al igual que hace Garzón, como paladines de los derechos humanos.

¡Ojalá me equivoque!