E l Pleno del Parlamento de Gasteiz aprobó ayer, como estaba previsto y anunciado, el proyecto de ley de consulta para tres territorios de Euskal Herria. Hubo quien calificó el día de histórico y, ciertamente, podía haberlo sido. Pero el modo en que el proyecto se gestó y negoció, esquivando el acuerdo con quien mucho tenía que decir, hacía prever, así mismo, su final el mismo día de su aprobación. Y no tanto por la postura de Madrid repetidamente anunciada como por la apuntada por el presidente y otros dirigentes del PNV de acatar la legalidad. La legalidad española, por supuesto, toda vez que a esos efectos no existe legalidad vasca alguna.

La vicepresidenta primera del Gobierno español afirmó que la ley de consulta «volverá al cajón de donde salió», pues la impugnará ante el Tribunal Constitucional «el mismo día» en que sea publicada. Y lo dijo el mismo día en que fue aprobada en el Parlamento de Gasteiz. No obstante, habló de respeto a las decisiones adoptadas por el Parlamento de Gasteiz y, recíprocamente, exigió «la misma lealtad a las normas del Estado de Derecho». Es decir, ese Parlamento es un lugar donde se pueden escenificar aspiraciones soberanistas, pero en modo alguno puede tomar decisiones que competen -no precisamente porque así lo desee la mayoría de este país- al Gobierno español.

Ezker Abertzalea aportó el voto necesario para que la propuesta prosperara y dejara en evidencia el corsé constitucional, mientras que otras formaciones que votaron a favor afirmaron que es el inicio de un nuevo camino. Sin embargo, más bien parece un mismo camino recorrido una y otra vez los últimos años, un camino de recorrido muy limitado. En efecto, el pleno de ayer dejó una sensación de déjà vu, de no saber por momentos si se estaba votando la propuesta de consulta o la de Nuevo Estatuto de hace ya cuatro años.

La consulta no saldrá adelante, como afirmó ayer el presidente español, Rodríguez Zapatero, pero la postura que éste representa, aun siendo un gran obstáculo, no es el mayor. Dejando de lado las características del proyecto aprobado, quedan pocas dudas de que se trata de una ley de consulta sin vocación de materializarse.