«Exigir a la Unión Europea un papel activo en la resolución del conflicto que se desarrolla en dos de sus estados miembros, para lo cual proponemos la creación de una Comisión especial del Parlamento Europeo sobre el conflicto vasco». Ésta es una de las propuestas que recoge el informe que ha realizado la delegación de observadores europeos que visitaron Euskal Herria entre el 5 y el 10 de marzo, en el marco de los últimos comicios. Además de realizar recomendaciones «a modo de aportación a la resolución del conflicto», también denuncian «la grave ausencia de democracia y derechos civiles y políticos básicos en el conflicto vasco».

Invitados por cargos electos independentistas, dieciocho políticos, periodistas y juristas de diferentes países europeos formaron parte de una delegación internacional observadora de la contienda electoral de marzo. Entre los días 5 y 10 de ese mes, con objeto de «conocer de primera mano la situación de excepción y falta general de derechos en el País Vasco», mantuvieron encuentros con diversos agentes sociales y políticos del país, y también tuvieron la ocasión de visitar y conocer la realidad que se vive en distintos municipios; entre otros, Lizartza y Ondarroa.

A modo de «aportación» de cara a la resolución del conflicto político y armado, y con objeto de «romper el preocupante aislamiento y el silencio internacional que marcan injustamente el desarrollo de este conflicto», el informe que han hecho público los observadores recoge seis recomendaciones.

De entrada, exigen la derogación de la Ley española de Partidos Políticos, de la que censuran que está redactada ad hoc con el objetivo de «ilegalizar al independentismo vasco».

La segunda propuesta se traduce en un emplazamiento a las instituciones de gobierno de los países europeos «para que se interesen y se preocupen» por la situación política de Euskal Herria; añaden que algunos de los miembros de la citada delegación ya han comenzado a desarrollar esa tarea.

«Promover la salida negociada»

La tercera recomendación mira directamente a la Unión Europea y propone la creación de una Comisión especial en el seno del Parlamento Europeo que trate sobre el conflicto que vive Euskal Herria con los estados francés y español.

La cuarta, más que una recomendación, es una labor que han asumido los propios miembros de la delegación internacional: «Informar sobre estas conclusiones al Consejo de Europa y a OSCE -Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa-». En quinto lugar, el informe subraya que hay que proseguir y reforzar las iniciativas «para la denuncia de la vulneración de derechos», así como «para promover la salida negociada del conflicto y el reconocimiento del derecho de autodeterminación frente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU)».

Por último, el texto de conclusiones recoge el compromiso de la delegación de difundir en Europa el propio informe, además de «informar a todos los niveles sobre las dimensiones reales del conflicto que enfrenta al pueblo vasco y el Estado español».

Pero la delegación, además, extrae unas conclusiones «preliminares» al respecto de su paso por Euskal Herria y los contactos que mantuvo con distintos agentes políticos y sociales del país. Cabe subrayar que el informe destaca la presencia de los representantes europeos en el Parlamento de Gasteiz, pero también define como «un hecho particularmente grave» que gran parte de los partidos políticos contestasen con «la negativa o el silencio» a su invitación a mantener una reunión.

«Preocupación». Ésta es la palabra que más se repite en el recién elaborado informe, y que se refiere, en concreto, a la situación que vive Euskal Herria. Sobre los derechos humanos, civiles y políticos, la delegación internacional censura que no se respete la voluntad popular «expresada democrática y pacíficamente», y constata la existencia de torturas y vulneraciones «sistemáticas» de derechos.

El estado de excepción

También critica «la ausencia de garantías judiciales mínimas para la defensa y la inconsistencia de las acusaciones que formula la Fiscalía», además de afirmar que en Euskal Herria existe «un miedo generalizado de la población a hablar y expresarse, frente a la persecución judicial de que son objeto las expresiones políticas de la izquierda independentista».

Asimismo, el informe hace hincapié en la existencia de «la criminalización de ideas, imponiendo, de facto, un estado de excepción que combate la disidencia, utilizando el terror»; en paralelo, también constata el carácter «sistemático» de la represión que, según subraya, «va en aumento». Al respecto de la actitud que mantienen los principales actores políticos, critica que tanto el Estado como los partidos españoles llevan a cabo una estrategia para «marginar la opción política de la izquierda independentista» y que pretenden «borrar», además, sus ideas. A su vez, denuncia las ilegalizaciones y «la falta de voluntad política de resolución del conflicto» por parte del Estado.

Manipulación, desinformación

Al respecto del tratamiento informativo que se ofrece sobre la realidad de Euskal Herria y el carácter del conflicto, la delegación subraya que «la manipulación y la desinformación» son norma general, lo que, a su juicio, «hace a los mismos medios de comunicación parte del conflicto por su parcialidad en la información». Añaden, en forma de crítica, «el aislamiento y el silencio de prácticamente todas las instancias internacionales».

El estudio constata que el conflicto tiene unas raíces históricas y políticas que giran en torno a la demanda del derecho de autodeterminación. Si bien afirma que en el país existe «un estado de excepción y persecución de las ideas», también ensalza «la persistencia de los vascos en su voluntad de decidir su presente y futuro» y su «capacidad extraordinaria de movilizarse y sumar».