Detienen al empresario Jesús Guibert para registrar su casa
Tras la detención y posterior puesta en libertad el martes del consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, en relación con el pago del «impuesto revolucionario», la Guardia Civil retuvo ayer durante varias horas al empresario guipuzcoano Jesús Guibert para registrar su domicilio por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
GARA |
La Audiencia Nacional volvió a actuar ayer por segundo día consecutivo contra empresarios acusados de pagar el denominado «impuesto revolucionario» a ETA. Si el martes el juez Baltasar Garzón ordenaba la detención durante varias horas del consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, y el registro de sus oficinas, ayer le tocó el turno al empresario azpeitiarra Jesús Guibert Azkue.
El empresario fue arrestado en Azpeitia y permaneció retenido durante las horas que duró el registro de su domicilio ubicado en Donostia por efectivos de la Guardia Civil. En las informaciones difundidas señalaron que los agentes del instituto militar registraron el piso con el objetivo de buscar las cartas en las que la organización armada le habría reclamado el pago de una cantidad dinero.
Guibert Azkue, de 81 años, fue secuestrado el 21 de marzo de 1983 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en Azpeitia, cuando era gerente de Laminados de Hierro Marcial Ucin y SA, y fue puesto en libertad 17 días después.
Las agencias de información aseguraron, citando fuentes jurídicas, que Garzón podría citar en los próximos días a Guibert y a Jainaga para tomarles declaración como imputados en la causa abierta en relación con los pagos a la organización armada. Según señalaron los mismos medios, la operación estaría relacionada con la documentación intervenida tras las detenciones realizadas en Burdeos el pasado 20 de mayo de los ciudadanos vascos Xabier López Peña, Jon Salaberria, Igor Suberbiola y Ainhoa Ozaeta.
Asimismo, en su día se aseguró que la redada que concluyó hace unas semanas con el encarcelamiento de las hermanas Blanca y Maribel Bruño en Orio también estaba también relacionado con ese operativo. En una decisión sin precedentes las dos empresarias fueron enviadas a prisión tras afirmar Garzón que habrían pagado a ETA de forma «voluntaria».
En el auto aludía también como elemento incriminatorio a una supuesta «proximidad ideológica» con la organización armada por haber aportado su firma para la constitución de la plataforma Aukera Guztiak, que fue ilegalizada en las elecciones autonómicas de 2005 por los tribunales españoles.
Críticas a Garzón
Las reacciones de las patronales y representantes políticos criticando a Garzón no se hicieron esperar tras la detención de Guibert. Si en el caso de las empresarias de Orio el Ejecutivo de Lakua no se pronunció hasta quince días después de que fueran encarceladas -en concreto fue la semana pasada cuando la portavoz Miren Azkarate pidió su puesta en libertad- y que el padre asegurara en una rueda de prensa que no tenían ninguna vinculación con la izquierda abertzale, ayer profirieron duras críticas contra las últimas actuaciones de Garzón desde las tres formaciones que componen el tripartito. Entre ellas, destacaron las manifestaciones del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, que reclamó que «alguien tendría que poner coto» al juez de la Audiencia Nacional por actuar de «forma despreciable al convertir a las víctimas en delincuentes».
La patronal vasca, Confebask, pidió también «amparo y respeto para los empresarios extorsionados por ETA» y sostuvo que «en ningún caso cabe tratarles como delincuentes porque toda persona extorsionada y amenazada por la acción del terrorismo es, ante todo, una víctima». A su vez, la Confederación Empresarial de Bizkaia, Cebek, y la asociación de empresarios guipuzcoanos Adegi se pronunciaron en términos similares a Confebask.
La única voz discordante llegó desde el PP. Antonio Basagoiti declaró que el «héroe» es el empresario que «aguanta sin pagar ante las amenazas de ETA y no el que cede al chantaje». En cuanto al PSE, ningún portavoz se pronunció al respecto.
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, calificó de «inconcebible» la detención «de alguien que ha sido extorsionado e incluso secuestrado» en una entrevista en ETB.
Tras el último registro del domicilio de un empresario guipuzcoano por supuestos pagos a ETA, GARA se puso ayer en contacto con el abogado de los ex miembros del Consejo de Administración de la empresa Azkoyen, Eduardo Ruiz de Erentxun, que en 2004 tuvieron que declarar como imputados en la Audiencia Nacional por el mismo motivo. Según manifiesta, el sumario sigue abierto, aunque espera que se cierre ya que denuncia que no hay ningún tipo de indicio para las acusaciones.
¿A qué cree que responden las últimas actuaciones de Garzón contra empresarios por supuestos pagos a ETA?
Según los datos que tengo se trata de un sumario contra el impuesto revolucionario que comienza en 1998, sin embargo, a partir de 2004 se va publicitando más en los medios con detenciones e imputaciones como las de los ex consejeros de Azkoyen o los cocineros que tuvieron que declarar en la Audiencia Nacional. No me sorprende lo ocurrido ya que con esta política tratan de meter miedo a los empresarios y que se lo piensen a la hora de pagar a ETA. Así, para que aparte del dilema moral que pueda suponer, tengan en cuenta que pueden estar sentados en el banquillo de los acusados lo que es muy duro y costoso.
¿Qué interpretación hace desde un punto de vista jurídico?
Es difícil de comprender. Y es que las personas que serían víctimas de una extorsión, se encuentran también como imputados. Además, tampoco tiene razón de ser, ya que si hay procedimientos con personas acusadas de extorsionar a empresarios, no puede ser que al mismo tiempo a sus víctimas se les impute en otro sumario por realizar los pagos.
