Tal y como adelantó GARA en su edición del martes, la Real Sociedad se acogió ayer a la Ley Concursal, cuando tan sólo restaba un día para finalizar el plazo. Ahora, el Juzgado de lo Mercantil dispone de 48 horas para examinar la documentación aportada -la memoria historia económica y actividad de 36 meses, la relación de acreedores, las cuentas de los últimos tres años y la memoria de los cambios significativos de patrimonio- y verifique si está completa. De lo contrario, el Consejo de la Real contará con un plazo de cinco días para entregar la documentación que falte. Una vez completada, los acreedores dispondrán de un mes para presentar sus reclamaciones.

Mediante la solución concursal, la Real evitará el descenso a Segunda B por impago a los futbolistas. Pero, pasarán a ser tres administradores externos -uno de ellos será la Diputación de Gipuzkoa, casi seguro- quienes controlen todos los movimientos del club. Aún así, el Consejo blanquiazul quiso quitar hierro al asunto y aseguró que «lejos de suponer una amenaza para la supervivencia del club es un procedimiento que permite sanear económica y deportivamente a la entidad. Prueba de ello son los resultados obtenidos por otras entidades deportivas en circunstancias similares la pasada temporada».

Por otro lado, la preocupación se ha instalado en la plantilla de la Real. Según diversas informaciones, un buen número de futbolistas ha denunciado al club por impago. La pasada campaña fueron Gerardo y Juanito los únicos que presentaron denuncias, pero en esta ocasión ha habido un mayor movimiento en ese sentido. Y es que las demandas ante la AFE suponen una garantía para cobrar lo que le deben al denunciante por parte del club y convertirse en acreedor ante una salida concursal como la escogida forzosamente por la Real Sociedad.