El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón dejó ayer en libertad bajo fianza de 20.000 euros a María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, que ingresaron en prisión el pasado 12 de junio acusadas de «colaborar con ETA» por un supuesto pago de 6.000 euros de forma voluntaria.

Fuentes de la popia Audiencia Nacional sostienen que el magistrado ha tomado la decisión al considerar que la investigación judicial está muy avanzada y que las medidas cautelares «deben adecuarse al estado actual del procedimiento». Ambas mujeres no podrán abandonar el Estado español y deberán comparecer semanalmente en el juzgado.

Por su parte, el consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, detenido y posteriormente puesto en libertad en relación al supuesto pago a ETA del «impuesto revolucionario», negó ayer haber realizado ningún abono a la citada organización armada y censuró las formas utilizadas durante el procedimiento, «propias del trato que se debiera dar a los delincuentes». Quiso, además, aclarar que no hubo ningún registro domiciliario y denunció el daño sufrido por su «imagen» y la de su empresa, «perfectamente evitable utilizando medios proporcionados a la situación».

También se refirieron a las últimas actuaciones de Garzón el consejero de Justicia de Lakua, Joseba Azkarraga, y el secretario general del PSE, Patxi López. Azkarraga preguntó al magistrado por qué no encarcela a «amigos del rey» que «se sabe que han pagado el impuesto revolucionario y a los que Garzón no quiere entrar a investigar», toda vez que lamentó el «silencio clamoroso» del PSE. Precisamente, López dijo luego en Madrid que la persecución «de la extorsión de ETA no supone perseguir a los empresarios» y añadió que estos «son también víctimas del terrorismo y la violencia y tienen que ser tratados con toda la delicadeza».