Resulta muy difícil penetrar en la mente ajena, conocer los extraños mecanismos que rigen el pensamiento del otro, adentrarse en los complejos circuitos intelectuales que dirigen la conducta del prójimo. Pero, cuando ese otro resulta ser un magistrado español, la tarea acaba por ser titánica.

A Juan José Ibarretxe le podían prohibir su consulta por el artículo 33, o sea, porque sí. Porque Ibarretxe y los suyos admitieron las reglas del juego español -trucadas, claro- y a ellas se deben. Las cosas, como son. Aunque nunca sea demasiado tarde para reconocer el error y abandonar una nave que nos lleva al naufragio de forma inevitable.

Y sin embargo, a los magistrados de turno se les ha ocurrido un nuevo argumento: se prohíbe la consulta porque EHAK podría recibir algunos euros de subvención con motivo de la tal consulta.

Es difícil, en verdad, pensar como piensa un juez español cuando mira a Euskal Herria, pero tampoco es sencillo idear una memez de mayor dimensión para justificar lo injustificable. Ibarretxe tiene perfecto derecho a preguntar a la parte de los vascos que constan en su censo lo que le dé la real gana. Y los jueces especiales de la nación vecina tienen también derecho de pernada para prohibírselo a quien se sometió. Como sumiso súbdito. Lo que no tiene ni pies ni cabeza es argumentar que un partido político legal y legitimado por doscientos mil ciudadanos pueda cobrar una ridícula subvención.

Esquilmados, marginados, reducidos a la mínima expresión pública, los independentistas mantienen la cabeza bien alta -sin subvenciones económicas, claro- y no merecen ahora convertirse en la torpe excusa con la que los torquemadas del momento le prohíban a Ibarretxe una consulta que resulta inocua, inane. Si quieren prohibírsela, háganlo. Pero no traten de tomarnos el pelo. Y llegados a este punto, habrá que empezar a pensar en no pagar impuestos. Si no cobro, no pago. ¿O no?