La Plataforma vecinal Torrolate, que trabaja para impedir la construcción del complejo urbanístico en Bastida, ha valorado positivamente la noticia en torno a la denuncia presentada por la Fiscalía de Araba contra el ex alcalde y tres promotores del proyecto . «Nuestro objetivo no es que se imputen o se multen a las personas responsables, sino que el proyecto caiga por su propio peso, y esta decisión judicial no hace más que corroborar las irregularidades que desde la plataforma se hemos venido denunciando en estos años», manifestó ayer Orlando Arreitunandia, miembro de la plataforma Torrolate, ante la decisión del ministerio público.

La Fiscalía ha presentado denuncias contra el ex alcalde, Ignacio Gil (PP) y los tres promotores del complejo -Luciano Soraluze, Javier Corta y José María Elías-. El fiscal ve «indicios de malversación de caudales públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y prevaricación». Al parecer, todos participaron en los trámites por los que el Ayuntamiento cedió terrenos a los promotores del campo. La acusación pública ha definido el proceso como «un vaciamiento patrimonial del Ayuntamiento en favor de una empresa privada».

Desde la plataforma Torrolate esperan que esta decisión traiga consigo la desaparición del proyecto «Golf & Wine», que pretende construir un campo de golf y una urbanización en la zona de San Ginés, «y se oiga la opinión de los vecinos y vecinas que han rechazado una y otra vez estas infraestructura».

En la misma línea, el alcalde de la localidad, Higinio Arinas (EB) afirmó ayer ante los medios que espera que la denuncia de la Fiscalía sirva para que partidos, -en referencia al PP y el PNV, ambos en la oposición-, y Diputación alavesa y Lakua -que tienen que emitir informes urbanísticos y medioambientales sobre el proyecto- reconsideren el mismo.

Aseguró que el proyecto es «especulativo puro y duro», que la construcción de 750 viviendas llevaría a un crecimiento desproporcionado a Bastida y que afectaría a la conservación del monte Toloño.

Además, sostuvo que la institución alavesa y el Ejecutivo autonómico han de replantearse el vacío legal existente en torno a la planificación de grandes infraestructuras deportivas, como los campos de golf. «No podemos consentir que no se vigile», subrayó.

También se manifestaron sobre este tema los junteros de la la izquierda abertzale. En su opinión, esta decisión no hace más que confirmar lo que ellos ya habían apuntado, el «pelotazo como la única motivación para el campo de gol».

Además, afirmaron que estas imputaciones dejan en evidencia al PNV «porque es socio del PP en esta operación» de Bastida. El PP y el PNV aprobaron el proyecto en un pleno extraordinario y lo calificaron «de interés municipal. Los apoderados abertzales subrayaron que «la imputación contra Ignacio Gil Orive puede eclipsar a otros responsables» pero valoraron que es evidente que «un proyecto de esta envergadura no se apoya exclusivamente en el deseo personal de un individuo». Asimismo, afirmaron que seguirán trabajando para impedir que «la Ley de Partidos siga siendo utilizada, como en Bastida, para la gestión oscura y la corrupción».

Por su parte, Ignacio Gil, que sigue siendo concejal en el Ayuntamiento y procurador en la Juntas Generales, ha negado las acusaciones.

El portavoz del PP en las Juntas Generales, Javier de Andrés, defendió la inocencia de su compañero y afirmó que las conclusiones a las que ha llegado el ministerio público son «deficientes».