José María Bravo, principal imputado en el caso del fraude de la Hacienda de Irun, seguirá en prisión al no poder hacer frente a la fianza de 500.000 euros que le ha impuesto la Audiencia de Gipuzkoa para obtener su libertad provisional, según fuentes próximas al acusado. La Audiencia acordó el lunes la libertad condicional de Bravo bajo fianza de medio millón de euros. Hasta ahora, la Audiencia había ratificado la decisión de mantener a Bravo en prisión, al entender que existía riesgo de fuga por parte del inculpado, pero en esta tercera oportunidad ha estimado parcialmente la solicitud de puesta en libertad porque, en su opinión, la investigación del presunto fraude ya está avanzada, lo que dificultaría la destrucción de posibles pruebas.