En estas fechas, quien más quien menos, según su economía, ha «emigrado» a algún sitio de vacaciones o está a punto de hacerlo. El Gobierno español quiere facilitar esta «emigración» a sus países a inmigrantes que tengan derecho al desempleo por medio del «Plan de retorno voluntario». Este plan consiste en pagarles parte de lo que les corresponde, porque han cotizado, y, de paso, quitar del medio a estas personas ahora que ya no son necesarias, porque la crisis «que no existe» va a engordar las listas del paro. Vergonzosa esta política de usar y tirar que tiene la Unión Europea y que todavía pretende endurecer con políticas de exclusión amparándose en el actual contexto de crisis económica que, como siempre, afectará de manera más directa a las y los inmigrantes con menos recursos. Política consumista, en este caso de personas, que para más inri se refuerza con los modelos de discriminación que machaconamente presentan los medios relacionando inmigración con violencia y delincuencia.

Ni idea de lo que haran las personas que tengan posibilidad de acogerse al Plan de retorno aunque, por lógica y dado que no vinieron al Estado español de vacaciones sino a buscarse la vida porque en sus países no tenían modo, pocas serán las que respondan positivamente. Y probablemente no lo haga ninguna mujer, porque las inmigrantes no suelen tener contrato de trabajo, y mucho menos alguno que cotice al desempleo. La mayoría de las que tienen empleo se dedican a sectores como el cuidado de las personas, servicio doméstico, limpieza... y, en muchos casos, trabajando en la economía sumergida.

Los problemas laborales con que se encuentran las mujeres inmigrantes no se corresponden con su preparación o limitaciones, sino con las del mercado laboral que se les ofrece. Conocemos profesionales que no tienen acceso a puestos de trabajo acordes a su cualificación y tienen que dedicarse a cubrir huecos que han dejado las autóctonas. De este modo se sigue transfiriendo la discriminación por razón de sexo a quienes acceden a estos trabajos. Esta situación se refuerza con la legislación actual, que está pensada desde una óptica masculina y prioriza determinados aspectos que son más simples de cumplir para los hombres que para las mujeres. Ejemplo de ello es la regularización a partir de un contrato de trabajo o el plan que hoy criticamos.

Quien no discrimina a las personas inmigrantes a la hora de depositar o transferir su dinero es la Banca que, ¡oh casualidad!, es quien se está beneficiando de las remesas de dinero que envían a sus países las y los inimigrantes, siempre con un gran esfuerzo pero conscientes de que representan unos ingresos fundamentales para la economía de su familia.

Lo grave es que estas remesas, que cada día son más negocio para las entidades que las gestionan, tengan unos gastos de envío tan fuertes. Como bien señala Intermon, rebajar esos costes liberaría millones de euros que ayudarían al desarrollo pero... no parece que vaya por ahí la cosa.