En los últimos tiempos estamos viendo, unas veces claramente y otras más sibilinamente, cómo el sistema socio-sanitario público está sufriendo un gran deterioro a favor del sistema privado. Asistimos a un discurso neoliberal que habla de satisfacción de las usuarias, de libertad de elección, de libre competencia... y lo único que hay detrás de esa palabrería es mercado y más mercado, donde la salud es una mercancía en venta al mejor postor. El objetivo es maquinar cómo ganar dinero por medio de los problemas de salud de las personas.

Éste discurso es contagioso. Lo oímos incluso en boca de gente que se autodenomina «de izquierdas». Lo hemos visto, por ejemplo, en Inglaterra, donde el Partido Laborista no ha cambiado ni un ápice la política sanitaria de Margaret Thatcher, que hace dos décadas se cargó el estado de bienestar en Gran Bretaña. En el Estado español el más claro ejemplo lo tenemos en la Comunidad de Madrid, donde el deterioro de la sanidad pública a costa de desviar dinero público a la sanidad privada es más que patente. También en Hegoalde estamos sufriendo la embestida de las políticas neoliberales que han marcado PNV, UPN y PSOE en sus respectivos mandatos.

Estos días se ha celebrado el 25 aniversario de Osakidetza, y no es de extrañar que lo celebren, ya que para algunos y algunas ha resultado una estupenda bicoca. En estos años han crecido exageradamente las desigualdades en salud, además de haberse llenado los bolsillos de empresarios y empresarias de la sanidad privada por medio del desvío de consultas, operaciones, tratamientos... Nos dicen que es por agilizar las listas de espera, pero ¿quién genera esas listas de espera, sino las y los mismos profesionales que luego atienden a las personas derivadas de hospitales y centros de salud de Osakidetza a consultas privadas? ¿por qué no se utilizan las 24 horas del día mediante turnos en todos los servicios que existen en la sanidad pública, donde hay muy buenos y buenas profesionales? Está claro que hay muchos intereses comunes entre la consejería que dirige Inclán y determinados sindicatos corporativos. Lo hemos podido ver en las últimas huelgas y en sus resultados.

Existen y se aplican distintas modalidades de privatización:

En primer lugar, están los servicios privatizados directamente, con la consiguiente amortización de puestos de trabajo. Se privatizan directamente todos los servicios que existen en el mercado: limpieza, mantenimiento, cocinas... pero también algo tan sensible como los archivos clínicos, lo que pone en juego la confidencialidad de la población de la CAV.

También existe la concertación con la sanidad privada. La sanidad pública externaliza miles de procesos asistenciales a centros privados en los que no tenemos ninguna garantía de calidad como pacientes, ya que Osakidetza no exige un protocolo para garantizarla. Además, detectamos que son las y los mismos gestores de la sanidad pública quienes tienen intereses en las clínicas y servicios privados, lo que nos lleva a una corrupción en la gestión del dinero público. En definitiva, la medicina privada es la gran beneficiada de esta situación, ya que hoy representa un 31% del total del gasto sanitario y además mantiene una serie de redes en la sanidad pública que permiten que lo rentable sea derivado a la privada y lo complejo descargue sobre el sistema público.

La autoconcertación se ha convertido en otro método de privatización encubierta. Esto supone que un buen número de profesionales realizan procesos asistenciales fuera de su jornada laboral, a un precio estipulado individualmente y con la infraestructura del sistema público, lo que conlleva una baja calidad asistencial, ya que una persona que lleva trabajando 7 horas en su puesto, no puede continuar durante otras 5, 6 ó 7 en un servicio de urgencias, un quirófano u otro servicio sin que exista un peligro para el o la paciente. Desde luego yo no permitiré que se opere a nadie de mi familia por el sistema autoconcertado.

Por último, tenemos el caso de las mutuas de accidentes laborales. En la actualidad van copando cada vez más ámbitos de la asistencia sanitaria, como el control de las incapacidades laborales o el reconocimiento del estado de salud de las trabajadoras y trabajadores. Por citar un sinsentido, cualquier persona que trabaje, por ejemplo, en cualquier servicio de trauma dentro de Osakidetza, si se hiciese un esguince, tendría que acudir a que le vendasen a la clínica privada correspondiente.

La salud de la ciudadanía nunca puede estar sometida a criterios de mercado, ni el modelo sanitario puede ser sólo curativo, porque es mucho más caro e ineficiente y, además, genera exclusión. Deberíamos aprender de pueblos como Escocia, en el que el sector público apenas deja sitio para la iniciativa privada, o Gales, en el que la asistencia es cosa de los ayuntamientos, aunque ninguno de esos dos pueblos, al igual que Euskal Herria, sean aún Estados soberanos.

Ciudadanía, sindicatos, agentes sociales... debemos movilizarnos para conseguir una sociedad más justa y reclamar, por tanto, también una sociedad más sana, no dejando que las y los políticos y especuladores de la salud jueguen con nuestras vidas a cambio de llenar sus bolsillos. Esta es la única forma de acabar con todas estas prácticas de destrucción de nuestro sistema sanitario, en particular, y de todo nuestro sistema público, en general.