Juanjo BASTERRA

La semana pasada fue trágica en cuanto a los efectos mortales de la siniestralidad laboral. Cuatro trabajadores muertos en tres días, lo que eleva a 53 los trabajadores fallecidos ya durante este año. El trabajo en determinados sectores y puestos se está convirtiendo en una ruleta de la mala suerte, cuando en la realidad la seguridad y la salud en el trabajo es un derecho que todo trabajador tiene. ¿Por qué se incumple? Es la pregunta que aparece y desaparece después de cada siniestro y de cada enfer- medad ligada al trabajo.

El debate sobre la prevención de riesgos laborales salió de nuevo a la luz con fuerza y, una vez más, quedó en evidencia que la Administración pública trata de olvidarse de lo que marca la legislación y, sobre todo, que debe ser la que vigile y controle precisamente su cumplimiento, mientras que los empresarios callaron esa terrible realidad que produjo la muerte de dos trabajadores del sector de la Construcción, de un transportista y de otro subcontratado asfixiado en una tubería, en un recinto cerrado. El consejero de Justicia y Empleo del Gobierno de Lakua, Joseba Azkarraga, señaló que «el simple análisis de los siniestros ocurridos en estos días nos lleva a concluir que unas veces la falta de medidas de seguridad, otras la no correcta utilización de las mismas y otras la no correcta aplicación de los procesos de trabajo no hacen sino en reafirmarnos en la necesaria implicación de todos los agentes».

Legislación en vigor

Todas esas posibilidades que esgrimió Azkarraga no deben ocultar que la legislación existente en vigor desde hace doce años parte de una premisa inicial, que parece que se trata de obviar, que son los empresarios los que deben disponer de las medidas de seguridad y de prevención en los centros de trabajo, que deben informar y formar a los trabajadores en materia de riesgos laborales. A la vez deben disponer de condiciones de trabajo adecuadas para evitar daños a la salud. Se trata, por tanto, de que «los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo».

Ese objetivo también se hace extensible a las Administraciones públicas «respecto del personal a su servicio». La legislación, además, concreta que «los derechos de información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgos grave e inminente; y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo».

Las centrales sindicales reconocen que «el papel lo aguanta todo, pero no se cumple» y ponen como ejemplo las cuatro muertes de la semana pasada. Los ritmos de trabajo, la precariedad laboral, la falta de formación e información son elementos comunes en los cuatro accidentes que, por otra parte, revelan que «o se toman cartas en el asunto o esta sangría seguirá existiendo y sólo se reducirán los siniestros fruto de la suerte o la causalidad, como está ocurriendo en numerosos trabajos en estos momentos».

La Inspección de Trabajo ha sancionado en Hego Euskal Herria en el primer trimestre a un total de 346 infracciones. No supone ni el 0,5% de los accidentes con baja registrados, ya que se produjeron en torno a 12.000. Como los técnicos reconocen los incidentes, es decir aquellos que no terminan en baja laboral, también arrastran una falta de prevención en materia de riesgos laborales, por lo que estaríamos hablando unas infracciones mínimas.

En Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa han impuesto 1,2 millones en multas, lo que supone 3.718 euros por cada infracción, una cantidad asumible por la mayoría de las empresas sabiendo el riesgo existente. Se han paralizado trece centros de trabajo en este primer trimestre.

Las centrales sindicales reclaman, sobre todo, una actuación más decidid, porque la falta de salud es «muy grave».