El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, acordaron ayer una «estrategia antiterrorista» basada en cinco puntos que para Rajoy suponen «la esencia» del «Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo», mientras que Zapatero lo ve como «una unidad reforzada» que, según avanzó, compartirá con el resto de grupos parlamentarios a partir de la próxi- ma semana.

En las ruedas de prensa posteriores a dicha reunión, tanto uno como otro explicaron por separado que el entendimiento en la lucha contra ETA se basa en «cinco principios»: «la unidad de los demócratas»; el apoyo a las víctimas; la «confianza» en el Estado de Derecho y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; una «declaración política solemne» de que «el único destino de ETA» es desistir de la violencia, porque «nunca jamás la violencia conseguirá ningún objetivo político»; y, finalmente, el refuerzo de la cooperación internacional.

Mariano Rajoy hizo especial hincapié en que el principio más importante, en su opinión, es el que dice que «el terrorismo no tiene vías políticas» porque descarta «cualquier suerte de negociación política con ETA». Además, acordó con Zapatero que su partido estará «puntualmente informado» de los aspectos más importantes y habrá una «actuación concertada» frente a ETA e «intentos de buscar acuerdos para tomar decisiones conjuntas», a la vez que existirá una relación «singular» entre Gobierno, PSOE y PP para combatir conjuntamente a la organización.

Entre las medidas concretas que ambas partes han decidido poner en marcha, se encuentran las que dan respuesta a las dos últimas campañas que han puesto en marcha los medios de comunicación españoles más derechistas. Por una parte, acordaron incluir en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo una disposición referida a la necesidad de que todas las administraciones tomen medidas para la retirada de escudos, placas e insignias, entre otros, en plazas, calles y avenidas que sirvan de «exaltación personal o colectiva al terrorismo».

Por otra, decidieron estudiar la modificación de las leyes para reformar las «penas accesorias», y las medidas de «aseguramiento» para los presos políticos que salgan de la cárcel, así como los mecanismos de preservación del «patrimonio universal presente y futuro» de los condenados por militar en ETA para la satisfacción íntegra de sus responsabilidades civiles, un asunto motivado por la campaña orquestada en torno a la próxima salida de prisión de Iñaki de Juana Chaos, que residirá en Donostia.

Ha cambiado el otro

Este clima de acuerdo y colaboración entre el Gobierno del PSOE y el PP contrasta con el de la pasada legislatura, en la que la formación de Rajoy hizo de la lucha contra ETA y el independentismo vasco el principal motivo de oposición a Rodríguez Zapatero. Incluso después de la ruptura del alto el fuego y pese a las reuniones entre ambos líderes, las discrepancias siguieron siendo públicas.

A ambos se les preguntó ayer si consideraban que con este acuerdo ha terminado la etapa de la crispación de la anterior legislatura, y Rajoy se limitó a contestar que constató «la voluntad del Gobierno de llegar a acuerdos de Estado para luchar contra el terrorismo», algo que celebró y destacó que «la posición del Gobierno no es la misma que la de hace meses».

En cambio, para Zapatero es el PP quien ha cambiado. Aunque no lo dijo expresamente, subrayó que se ha pasado «de una situación de clara confrontación a una situación de entendimiento» y que esta «diferencia importante» se debe «a que los ciudadanos han votado». «Se dio un mandato claro a quien ganó las elecciones y a quien las perdió, que era un mandato de más entendimiento», sentenció.

Extender a otros partidos

Ambas partes admitieron estar «satisfechas» del acuerdo anti-ETA, si bien Zapatero se encargó de aclarar que su objetivo no es «firmar» nada con el PP en este sentido, sino que simplemente se ha logrado «un entendimiento que se concreta en cinco principios que constituyen una declaración».

Esta buena sintonía, entre Gobierno y oposición, que Zapatero valoró como «extraordinariamente importante» por suponer «una unidad reforzada», se concretará en futuras reuniones e iniciativas y se presentará a los demás grupos parlamentarios, con los que el jefe del Ejecutivo español tiene previsto reunirse la próximo semana al objeto de que el acuerdo sea «lo más amplio posible». Tanto IU como el BNG ya se adelantaron ayer a pedir que los acuerdos no sean «excluyentes» ni «bipartidistas».

Además del consenso en la lucha contra el independentismo vasco, Zapatero y Rajoy cerraron también un acuerdo para renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional, lo que se hará a partir del próximo 15 de setiembre.

También ambos coincidieron en criticar la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento de Gasteiz. Según Rodríguez Zapatero, están de acuerdo en que la consulta es «inconstitucional e inviable» y en que «no se va a celebrar». Rajoy afirmó que «Ibarretxe se ha colocado al margen de la Constitución y de la ley y él lo sabe. Lo que hace va contra el sentido común y el futuro del País Vasco no pasa por los desvaríos de Ibarretxe».