Ahora que «está de moda» la crisis económica que amenaza con dejar una larga lista de parados, unido a algo que nunca ha cesado de pasar, como los abusos de las autoridades (sea Justicia, sea Policía, sea Administración Pública...), quiero comentar otro abuso que sufrimos también los trabajadores que tras quedarnos en el paro por el cierre de una empresa en la que trabajábamos, algunos decidimos montar nuestra propia empresa siguiendo un modelo cooperativo.

Tras poner nuestro dinero en el capital y comenzar con más o menos apretones nuestra andadura, recibimos la violenta visita de una inspectora de trabajo de Gipuzkoa, que en su «investigación» ha amenazado a todo el mundo que no servía a sus intereses (proveedores, trabajadores, becarios) y lo único que realmente le ha importado es «que alguien se va a comer el marrón» (frase literal) utilizando para lograrlo el acoso a una pequeña cooperativa de trabajo e iniciándonos un expediente de continuidad de empresa porque la anterior empresa donde trabajábamos algunos de nosotros dejó una deuda a la Seguridad Social.

En este momento nos encontramos a puertas del Juzgado con la empresa dependiendo de un largo proceso judicial que no sabemos si vamos a poder continuar y nos preguntamos:

- ¿Realmente se quiere que los trabajadores poseamos nuestros propios medios de trabajo?

- El Tribunal Supremo en repetidas ocasiones ha dictaminado sentencias que reflejan la no existencia de continuidad en los casos de cooperativas creadas a partir del cierre de otras empresas, llegando a calificar este hecho como de «a proteger». ¿Por qué no hay ningún mecanismo que nos proteja de la arbitrariedad (tal vez prevaricación) de una inspectora cuyo nivel profesional hasta nosotros mismos somos capaces de cuestionar?

- ¿Qué supervisión existe por medio de los responsables de estos organismos que permiten que una inspectora levante un acta contraviniendo la opinión del Tribunal Supremo?

- ¿Cuál es el tamaño de nuestra indefensión cuando no podemos avalar la deuda que se nos desea trasladar para poder recurrir la arbitraria decisión de esta funcionaria del poderoso Estado?