Un decreto judicial trata de frenar el referéndum revocatorio de Bolivia
El Gobierno boliviano anunció ayer que sigue con la intención de convocar el próximo 10 de agosto un referéndum revocatorio para las máximas autoridades del país, incluido el presidente Evo Morales. La única magistrada del Tribunal Constitucional (TC) ha emitido un decreto para paralizar la consulta, sumándose a la oposición de los partidos de derecha. La victoria de Morales podría legitimar definitivamente la «revolución democrática y cultural» de Bolivia.
GARA |
El referéndum revocatorio convocado por el Gobierno boliviano para el 10 agosto no será suspendido pese al decreto emitido ayer por la única magistrada -en funciones- del Tribunal Constitucional (TC). Silvia Salame ordenó a la Corte Nacional Electoral (CNE), encargada de convocar la consulta, que paralizara la organización del referendo para la revocación de las máximas autoridades del país, «hasta que el TC se pronuncie sobre su constitucionalidad».
Si la consulta del 10 de agosto se llevara a cabo, el presidente boliviano Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera y ocho de los nueve prefectos del país serían sometidos a la votación de los ciudadanos. Los resultados de las encuestas ratifican tanto a Morales como a García Linera, lo que podría significar que el proceso de cambios que está impulsando el Gobierno se vería legitimado frente a los ataques de los partidos de derecha de la oposición.
Actualmente, Silvia Salame es la única magistrada del Tribunal Constitucional, debido a las sucesivas renuncias de los otros cuatro miembros elegidos por el Parlamento, que denunciaron presiones políticas. La magistrada reconoció que no tiene jurisprudencia para decidir si el referéndum es constitucional o no. «Como estoy sola y no puedo dictar resoluciones, sólo puedo firmar un decreto para frenar el proceso hasta que este órgano cuente con todos los magistrados», manifestó.
Impulsado por la oposición
A pesar de que Salame pone en duda la legalidad de la consulta convocada por el Gobierno boliviano, éste proceso «está amparado por una ley totalmente constitucional y legal que fue aprobada por el Congreso y respaldada en el Senado», según señalaron desde el Ejecutivo de Evo Morales.
De hecho, fue el partido derechista Podemos quien impulsó la votación en el Senado, contando después con el apoyo del MAS, partido gobernante. Sin embargo, la oposición cambió de discurso después de los resultados de las primeras encuestas.
La ley del referéndum revocatorio obliga a las máximas autoridades del país a someterse a la votación de los ciudadanos. Sin embargo, para que una autoridad se vea obligada a dejar su cargo, los votos en su contra deben superar a los votos que recibió a favor en su anterior elección. Es decir, si Evo Morales obtuvo en el año 2005 el 54% de los votos, para que dejase la Presidencia debería obtener en su contra al menos el mismo porcentaje. Es un supuesto poco probable teniendo en cuenta el apoyo con el que cuenta el Presidente entre la población boliviana, principalmente entre los estratos económicos más bajos.
«Cantinflada»
A pesar de los ataques de la oposición y de las resoluciones de la única magistrada en funciones del TC, el Gobierno boliviano tiene la intención de mantener la consulta del 10 de agosto. El ministro de Defensa y también abogado Walker San Miguel, denunció que «un acto electoral no puede ser frenado por un acto de prevaricación». Además, anunció la intención del Gobierno boliviano de presentar una querella criminal contra Silvia Salame, «porque con este decreto simplemente está emitiendo una opinión y está usurpando funciones que no le competen».
San Miguel definió como «cantinflada» la ofensiva política y judicial contra la consulta y el Gobierno. «La decisión de Salame mancilla incluso el honor de la abogacía», denunció, mientras señalaba que «para que el Tribunal Constitucional tome cualquier decisión judicial con efectos, tiene que contar con al menos tres miembros, ya que no se puede tomar de forma individual».
En la estructura constitucional boliviana, se presume la constitucionalidad de toda norma jurídica, hasta que el TC no la declare inconstitucional. Pero como en este caso el máximo tribunal de Bolivia se encuentra incapacitado para tomar decisiones, hay un vacío legal que ha generado la polémica entre el Gobierno y los sectores de la oposición que siguen estando presentes en algunas instituciones bolivianas, como es el caso del TC.
Mientras tanto, Evo Morales permanece ajeno a la polémica y sigue haciendo campaña por el país. Para el mandatario indígena, el referendo debe permitir a los bolivianos elegir entre su proyecto de refundación constitucional y la oposición de la oligarquía.
Los prefectos opositores, que también deben someterse a la votación popular, han calificado de «injusto» el referéndum, aunque han aceptado someterse al mismo. Los ciudadanos del departamento de Chuquisaca son los únicos que no tendrán la oportunidad de votar la continuidad de su prefecta, ya que la dirigente indígena Savina Cuéllar fue elegida recientemente, superando por un escaso margen al candidato de la formación oficialista MAS.
La consulta del próximo 10 de agosto determinará el futuro de Bolivia, puesto que si Evo Morales y García Linera son ratificados por la mayoría de la población boliviana, la «revolución democrática y cultural» puede ya no tener marcha atrás.
Evo Morales se reunió ayer en la ciudad de La Paz con el secretario de Estado adjunto para América Latina de EEUU, Thomas Shannon, para presentarle pruebas de cómo desde Washington «están diseñando un complot contra mí». En los últimos meses la tensión entre ambos países ha ido en aumento después de que Morales acusara al Ejecutivo de Bush de apoyar los movimientos opositores al Gobierno boliviano.
La reunión comenzó a las 5 de la mañana, que es la hora en la que el presidente boliviano comienza su jornada. Evo Morales insistió en acusar a EEUU de tener un plan para derrocarlo. Morales también acusó a la «agencia de cooperación» estadounidense Usaid de «repartir dinero entre dirigentes sociales para alentar protestas», lo cual provocó que los cocaleros del Chapare expulsaran a los miembros de esta organización de la región.
Según Thomas Shannon, la delegación estadounidense manifestó ayer tras la reunión que «su única conspiración en Bolivia es contra la pobreza» y ratificó su confianza en su embajador Philip Goldberg. La delegación de EEUU sostuvo que los programas que van a impulsar serán aplicados con «la transparencia necesaria» y que se establecerán vías de diálogo para que las «acusaciones de Morales no surjan en el futuro».
El otro asunto espinoso tratado en la reunión fue el refugio político que EEUU otorgó al ex ministro de Defensa boliviano Carlos Sánchez y al ex presidente Sánchez de Lozada. Ambos están acusados de genocidio en Bolivia por las más de 60 muertes registradas en el año 2003 .
El ministro de Defensa boliviano Walker San Miguel no descartó que la caída del helicóptero de Evo Morales el pasado domingo se debiera a un atentado. Cuatro militares venezolanos y un boliviano murieron.
Evo Morales superará con facilidad el referéndum revocatorio, según los resultados de las encuestas. También el vicepresidente García Linera seguiría en su cargo, así como la mayoría de los gobernadores del país.
El Gobierno no se opone a que Shannon, representante de la delegación de EEUU de visita en Bolivia, visite la región cocalera del Chapare, siempre y cuando se reuniera primero con Morales, por «formalidad».
La Corte Nacional Electoral (CNE) informó ayer que el referendo revocatorio del 10 de agosto continúa adelante y aclaró que sólo una ley o una resolución del TC puede paralizar este «proceso democrático».
