El castigo impuesto por la Comisión, inédito hasta ahora, confirma un secreto a voces: la decisión política de ampliar la Unión a Veintisiete fue precipitada, puesto que ni Rumanía ni Bulgaria cumplían las exigencias habituales de la UE, relativas a la transposición del acervo comunitario y a las reglas del mercado interior común. Ni la propia Unión estaba preparada.

Bruselas confirmó ayer punto por punto los avances que había ido filtrando sobre el informe que estaba elaborando sobre Bulgaria y Rumanía, y acompañó las críticas con la decisión de congelar 486 millones de euros de fondos comunitarios en represalia por los casos de corrupción, fraude y ausencia de controles detectados en la gestión de las ayudas. Al mismo tiempo, retira el control de fondos a dos agencias estatales búlgaras «debido al elevado nivel de corrupción y de irregularidades». Si las irregularidades no se corrigen, la suspensión podría afectar en el futuro a los 6.852 millones de euros de fondos estructurales que la UE tiene previsto conceder a Bulgaria durante el periodo 2007-2013. Esto, obviamente, aumentaría la enorme brecha que existe ya entre Bulgaria y los niveles medios del resto de estados miembros.

Las irregularidades afectan a los tres tipos de fondos de los que se ha beneficiado Bulgaria como país candidato, es decir, a las ayudas pre adhesión: las ayudas a las infraestructuras (de las que se congelan 115 millones de euros); las subvenciones para facilitar las reformas institucionales (250 millones de euros); y los pagos agrícolas (121 millones de euros), según explicó el portavoz responsable de este expediente, Mark Gray. «La Comisión ha enviado una señal fuerte de que los fondos de la UE deben gestionarse correctamente», dijo Durao Barroso. Lo que ni Durao Barroso ni Gray dicen es que problemas de fraude han habido en prácticamente todos los socios comunitarios, especialmente en la gestión de los fondos de cohesión y fondos estructurales. Los expedientes abiertos por la Comisión Europea, por ejemplo, contra el Estado español en más de una ocasión, nunca han desembocado en la suspensión o congelamiento de las ayudas.

Casos concretos

Entre los problemas citados en el informe relativo a Bulgaria destaca el caso del director de la agencia responsable de los fondos para infraestructuras, que ha sido acusado de conceder contratos a una empresa de construcción controlada por un miembro de su familia. Además, dos trabajadores de esa agencia han sido detenidos acusados de aceptar sobornos.

Por lo que se refiere a las ayudas agrícolas, la oficina antifraude de la UE, OLAF, investiga proyectos por valor de 26 millones de euros por sospechas de corrupción. Además, el director del órgano que gestiona los pagos está acusado de haber aprobado proyectos ilegalmente por valor de 10 millones de euros. También en la gestión de las ayudas para facilitar la adhesión de Bulgaria a la UE se han detectado casos de «irregularidades, sospechas de fraude y conflictos de interés entre los gestores de los programas y los beneficiarios de los contratos».

Como ya hemos apuntado, la decisión de congelar los fondos sólo afecta a Bulgaria y no a Rumanía. Pero ambos países son criticados con dureza en el informe que publicó la Comisión sobre sus progresos en materia de reforma judicial. Por lo que se refiere a Rumanía, el informe destaca que los elementos esenciales para permitir que el sistema funcione se han puesto en marcha, pero que los cimientos son todavía frágiles y las decisiones judiciales sobre la corrupción de alto nivel siguen estando muy politizadas. La reforma judicial ha progresado, pero el sistema todavía no ha demostrado que sea capaz de castigar la corrupción de alto nivel.

Pero no se les acusa sólo de «falta de capacidad administrativa y de gestión», sino también de falta de «voluntad política» para luchar contra la corrupción.

El problema para Bulgaria, además de que ingresará menos de lo que tenía ya presupuestado, es de imagen. Aunque el Gobierno búlgaro reaccionó ayer con prudencia, afirmando que el informe y las medidas adoptadas son «objetivas y útiles» y servirán para que se pongan las pilas, el Ejecutivo del primer ministro socialista, Sergey Stanishev, se encuentra en una situación delicada, acosado por la populista y más bien antieuropeísta oposición conservadora. De hecho, Stanishev se enfrentará, dentro de tres semanas, a la sexta moción de censura desde que asumió el puesto hace ahora tres años.

Al respecto, el propio Ejecutivo ha denunciado que la oposición ha contado con el total apoyo del Partido Popular Europeo en la Cámara de Estrasburgo para promover las medidas contra Bulgaria.

Todo ello podría alejar la llegada de eventuales inversiones externas hacia el país.

Investigaciones por fraude

También se recuerda en el informe que la Oficina europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF, independiente de las demás instituciones comunitarias) ha realizado varias investigaciones en varios casos de presunta corrupción en la gestión de fondos comunitarios.

La mención a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude es absolutamente pertinente, y esclarecedora, en esta jornada, puesto que refleja hasta qué punto existen agujeros negros en muchos estados miembros de la Unión. De hecho, ni tan siquiera se libra de las investigaciones la propia Comisión Europea, a quien la OLAF ha abierto 84 expedientes por sospechas de fraude (sobre 7 contra el Consejo de Ministros y 5 para el Parlamento Europeo).

Por poner un ejemplo, podríamos mencionar el caso de un «agente» empleado en una oficina -no concretada en el informe- de la Comisión acusado de robar dinero y de tratar de implicar en el fraude a otros colegas, por un monto de decenas de miles de euros.

En otro caso, un alto oficial comunitario pretendía hacer creer que vivía en otro país para reclamar una pensión mucho mayor.

Y son muchos, por ejemplo, los casos de favoritismo o enchufe en numerosos puestos.

El informe de la OLAF explica que la diferencia de expedientes abiertos se explica por el hecho de que la Comisión Europea maneja la principal parte del presupuesto comunitario.

En el primer puesto de la lista de nuevos casos abiertos figura Rumanía, con 95 investigaciones en curso, pero le siguen, muy de cerca, Italia, con 80, y Alemania y Bélgica, con 75 y 72 respectivamente. Bulgaria figura con 52, el Estado español con 42, Grecia 41 y Polonia con 38.

En proporción a sus poblaciones, quienes más «atención» reciben por parte de la Oficina europea de Lucha Contra el Fraude son Bélgica, Luxemburgo, Bulgaria, Rumanía y Grecia. Esta relación de estados miembros sirve para explicar que los casos de fraude no afectan únicamente a los nuevos socios, sino también, y de forma importante, a los más veteranos e incluso a las propias instituciones.

Buena parte de los expedientes abiertos corresponden al ámbito de los subsidios agrícolas, pero también al de las ayudas externas al desarrollo y a la ayuda humanitaria, donde la situación no está nada clara.

Críticas a la propia OLAF

Y si a algún lector le parecen muchos casos o sospechas de fraude, debería anotar que incluso la propia OLAF ha sido criticada «por ineficacia» en su labor por la Corte Europea de Auditores; varios periodistas y diputados del Parlamento Europeo la han acusado de haber silenciado más de una investigacion interna de fraude. De ahí que el director de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude, el alemán Franz-Hermann Brune, se haya apresurado a declarar que «la inmensa mayoría del staff de la Comisión Europea considera que la OLAF es un pilar de confianza».

Esta oficina anti fraude emplea a 467 personas (según datos de 2007) y cuenta con un presupuesto de 72.6 millones de euros. Es un organismo en expansión (derivado tanto de la ampliación de la UE como del aumento porcentual de casos o sospechas de fraude), ya que en 2006 contaba con 388 funcionarios y un presupuesto de 67.5 millones de euros.

La OLAF recupera al año unos 200 millones de euros (por fondos mal gastados o empleados). En 2006 fueron 114 millones los recuperados. La media de meses que emplea la oficina en cada caso es de unos 28.

De todo esto se desprende que los mecanismos de control de que dispone la Unión Europea, aún trabajando a todo gas, no alcanzan para descubrir todos los casos de fraude originados en un aparato institucional y burocrático descomunal. Sí alcanza para castigar a Bulgaria, aunque parece que con otros no se atreven.