Un directivo de la constructora Amenabar fue interrogado el martes por la Guardia Civil, ante la que negó haber pagado el «impuesto revolucionario» a ETA o haber mantenido contacto alguno con la organización armada. Según indicó ayer la agencia Efe citando fuentes de la investigación, el empresario -cuya identidad no fue difundida- fue citado la noche del martes en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, después de que efectivos del instituto armado irrumpieran por la tarde en las instalaciones que Amenabar posee en Zarautz.

La operación desplegada en esta localidad guipuzcoana respondía a una orden judicial en la que se exigía que la empresa aporte documentación a la investigación relacionada con el pago del «impuesto revolucionario» que lleva a cabo la Audiencia Nacional española.

La citada agencia señaló que sus fuentes aseguraron que la documentación recabada por la Guardia Civil durante el registro «contradiría» la versión del empresario. No obstante, no indicaban que haya sido detenido.

La sede de la constructora en Zarautz fue objeto de un atentado con bomba el pasado 1 de junio. Unas semanas antes, el 12 mayo, ETA había hecho explotar otros dos artefactos en sendas excavadoras propiedad de la misma empresa, concesionaria de las obras del TAV, en un paraje entre Hernani y Urnieta.

Seis empresarios

Este directivo de Amenabar es el sexto empresario vasco que testifica en relación a la operación puesta en marcha por Baltasar Garzón tras la detención, el 20 de mayo, de cuatro presuntos militantes de ETA en Burdeos.

El juez ordenó el 2 de julio el registro del domicilio de Jesús Guibert, de la compañía Laminados Marcial Ucín. Guibert fue secuestrado en 1983 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas.

Un día antes fue inspeccionada la residencia del consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, en Bilbo. La Guardia Civil también interrogó al ex presidente de esa empresa Sabino Agirre.

Con anterioridad, el 12 de junio, Garzón ordenó el ingreso en prisión incondicional de dos hermanas empresarias detenidas el día anterior en Orio, María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, a las que acusó de colaborar con ETA y de haber pagado 6.000 euros de forma voluntaria. Ambas quedaron en libertad, bajo fianza de 20.000 euros, el 4 de julio.