Existe una regla no escrita del periodismo que recomienda no hacer del ataque directo al resto de medios de comunicación un recurso habitual. Es evidente que la tentación es grande y que a menudo lo publicado, editado, vertido o aireado en los medios por algunos periodistas llama a la indignación no sólo de sus colegas de profesión, sino del público en general. No es que lo relatado no coincida con la visión particular de un determinado lector o periodista, sino que el grado de falsedad de esas noticias es tal que claman al cielo. Pero, normalmente, esa regla deontológica se suele seguir.

Por ello se suelen realizar o bien revistas de prensa en las que se deja al lector sacar sus propias conclusiones, o bien hemerotecas sesgadas que destacan más lo negativo que lo positivo, o directamente comentarios jocosos o irónicos al estilo de Javier Vizcaíno en su «Cocidito madrileño» en Radio Euskadi y «La trama mediática» en «Público» o la sección de GARA en la que Maite Soroa comenta las perlas en bruto de la prensa hispana.

La norma, aun siendo criticable por corporativista y hasta cierto punto hipócrita, tiene su sentido al tratarse de medios que compiten en el mercado entre ellos, con líneas editoriales propias e intereses y públicos distintos. Evidentemente, no se puede obviar que las grandes corporaciones mediáticas cada vez tienen menos relación con el oficio periodístico como tal y que responden a intereses de grandes holdings empresariales, muy poco interesados en la deontología y, en general, en la ética como conceptos. No es cierto, por lo tanto, que sea un mercado «libre», no por lo menos en ningún sentido profundo de la palabra «libertad».

Por otro lado, como en todo tipo de mercados y competiciones, es de muy mal gusto centrarse constantemente en los defectos del adversario en vez de subrayar las propias virtudes o, simplemente, intentar hacerlo mejor que el contrario. Sin lugar a dudas, esta segunda postura es, además, mucho más elegante.

La ética periodística ante el abismo

Ahora bien, cuando en un caso concreto el resto de normas deontológicas del periodismo han sido violadas sistemáticamente, asiste a los periodistas el derecho a denunciarlo. Ése es, precisamente, el caso de las «informaciones» generadas por la Guardia Civil y ciertos medios de comunicación en relación a la detención de diez ciudadanos y ciudadanas vascas esta misma semana.

A esos detenidos se les ha aplicado la incomunicación prevista en la «ley antiterrorista», una medida que, tal y como han denunciado repetidas veces importantes juristas y entes internacionales dedicados a la salvaguarda de los derechos humanos -entre ellos varios relatores de la ONU-, vulnera los derechos de los detenidos y genera un espacio de impunidad en el que se posibilitan los malos tratos y las torturas, además de hacer casi imposible la investigación de las mismas. Entra dentro de la libertad de prensa el que los medios no tengan en consideración las recomendaciones de la ONU o incluso que nieguen u oculten las evidencias de torturas. Discutible, rechazable, criticable... sin duda, pero posible.

Lo que no es aceptable es que los periodistas y sus responsables dejen en manos de los cuerpos policiales o de los ministerios la redacción de sus noticias; que el parágrafo «según fuentes de la investigación» preceda a todo tipo de intoxicaciones sin base; que se justifique lo injustificable con términos como «los detenidos cantan» o «relatan a la Guardia Civil...»; o, sencillamente, que mientras se critica la actitud del resto de medios o del Ministerio de Interior se siga la misma pauta informativa, como en el caso de la mayoría de medios vascos.

Todo esto es ya común, pero no es normal

El grado de excepcionalidad en nuestro país es tan grande que, a fuerza de hacer de lo excepcional un modo de actuar común, muchos ciudadanos y ciudadanas, por no mencionar a los responsables políticos, llegan a considerar estas cosas como normales. Nada más lejos de la realidad.

La operación en Bizkaia se abrió con la noticia de que Baltasar Garzón aplicaría a los detenidos el protocolo según el cual se informa a sus allegados de su paradero, sus médicos los pueden visitar y su estancia en dependencias policiales será grabada. Con un sumario bajo secreto y los detenidos incomunicados incluso durante su declaración en la Audiencia Nacional, las mencionadas «fuentes de la investigación» han editado las «informaciones» casi en tiempo real. Del protocolo, por contra, no se supo nada más, por lo menos hasta última hora de la noche de ayer. La pregunta que surge es evidente: ¿cómo puede un juez, por muy Baltasar Garzón que sea, aceptar esta forma de actuar? Por muy española que sea, ¿quién manda en la judicatura española?

A pesar de que el Estado francés, en contra de la concepción que de sí mismas tienen las instituciones de la República, no es un modelo de garantía de los derechos humanos en muchos aspectos -prisiones, marginación social, derechos de los pueblos y culturas...-, el contraste es evidente: anoche las autoridades francesas pedían colaboración para encontrar la vivienda de los detenidos en Dijon y mantenían mutismo sobre la operación. No se trata, por tanto, de poner a las autoridades francesas como modelo, sino de resaltar el contraste.