Turquía mira con inquietud el inicio del proceso de ilegalización del AKP
El Tribunal Constitucional turco comenzó ayer las sesiones sobre la demanda de ilegalización del gubernamental AKP bajo la acusación de violar la Constitución y el carácter «secular» del Estado. Una de las principales pruebas presentadas por la Fiscalía es la decisión del Gobierno de permitir el velo en las universidades. El partido achaca este proceso a «un golpe judicial», mientras que analistas auguran una mayor inestabilidad política en caso de que sea ilegalizado.
GARA |
Pocas horas después de la explosión de dos bombas en un barrio de Estambul, en el Tribunal Constitucional once jueces empezaron a analizar la demanda de ilegalización presentada por el fiscal general contra el gubernamental Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que en las elecciones del pasado año ganó por amplia mayoría.
En marzo, el fiscal general se pronunció a favor de esta medida y de prohibir al primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, al presidente, Abdullah Gul, y a otros 69 importantes dirigentes del partido ejercer cargo público alguno durante cinco años.
La base principal de la demanda es la decisión del Gobierno de permitir el uso del pañuelo islámico en las universidades, que el Constitucional vetó en junio. Para la Fiscalía es una prueba evidente de la vulneración de la Constitución y contraviene el carácter «secular» de la República de Turquía, fundada en 1923.
El AKP, de corte islamista y enfrentado por este motivo a la cúpula del Ejército, ha denunciado que este proceso es «un golpe del poder judicial».
«En este momento, nuestro problema no es si cierran o no el partido, sino mantener nuestra unidad para que el país pueda caminar en una dirección diferente», subrayó Erdogan, que suspendió su agenda para trasladarse a Estambul.
Según denuncia la oposición, en la primera etapa de Gobierno, la mayoría de las reformas impulsadas por el AKP estuvieron encaminadas a lograr un acercamiento con Bruselas, mientras que en la segunda se centraron más en satisfacer las demandas del espectro conservador de su electorado.
La clase política turca, la UE y los inversores extranjeros esperan con ansia y expectación la sentencia, que podría producirse esta misma semana. El corresponsal de la cadena qatarí Al Jazeera en Turquía indicó que los jueces necesitarán «por lo menos de tres a diez días» para emitir un veredicto. Para cerrar el AKP es necesario el voto favorable de siete de los once jueces.
Analistas coinciden en que una eventual ilegalización del partido y la prohibición de ejercer cargos públicos arrastraría al país hacia el caos y una mayor inestabilidad. Asimismo, dificultaría las negociaciones con Bruselas para su futuro ingreso en la UE, al tiempo que golpearía la economía. De hecho, la bolsa turca ya se resintió ayer.
Los jueces tienen tres opciones: La imposición de una multa y retirarle la ayuda estatal; prohibir el partido pero no las actividades de sus miembros, o prohibir ambas cosas.
Si adoptaran esta última vía, el Gobierno se disolvería y los diputados del AKP que no se vean afectados por la medida pasarían a ser independientes y podrían formar un nuevo grupo, o unirse a alguno ya existente. Un asesor del Constitucional ha aconsejado al tribunal que no lo ilegalice porque permitir a las estudiantes llevar el pañuelo no viola la Carta Magna.
Desde 1960, Turquía ha ilegalizado a más de 20 partidos, la mayoría kurdos.
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó implícitamente al PKK de estar detrás del doble atentado que el domingo mató a 17 personas y dejó más de un centenar de heridos en Estambul. Las explosiones en un barrio de la parte europea de la ciudad coinciden con el inicio de la vista de ilegalización del AKP y con una nueva ofensiva del Ejército turco en Kurdistán Sur (actualmente, el norte de Irak). «Desgraciadamente, el coste de las operaciones militares es elevado. El atentado de ayer por la noche -por el domingo- es un ejemplo», declaró desde el lugar de los hechos. Erdogan, no obstante, evitó pronunciar el nombre del PKK, que negó cualquier responsabilidad
Citado por la agencia de noticias Firat, uno de los dirigentes de esta organización en Europa, Zübeyir Aydar, desvinculó al PKK del atentado y lo atribuyó a «fuerzas siniestras» en un momento en el que las tensiones están a flor de piel en Turquía.
El viernes comenzó el juicio en Estambul contra una red acusada de querer derrocar al Gobierno. Precisamente, en una operación llevada a cabo el 1 de julio contra el grupo nacionalista kemalista conocido como Ergenekon, la Policía turca se incautó de documentos en los que supuestamente planeaban un golpe de Estado gradual para derrocar al Gobierno del AKP mediante atentados. Entre los 21 arrestados había un antiguo jefe del Ejército y otro que fue máximo responsable de la Gendarmería, un redactor del diario «Cumhuriyet», así como diversos políticos y el director de la Cámara de Comercio de Ankara, conocido por sus críticas al Gobierno.
