Esta pasada semana me recordaron una de las máximas del periodismo: el periódico de hoy envuelve el pescado de mañana. Esa misma noche, andaba a punto de cubrir un pez exánime cuando leí el titular de una noticia que, ante mi indiferencia, se había hecho un hueco en la pila de diarios de la cocina. Hablaba aquel papel de una familia albanesa, una pareja con una niña de siete años y un niño de cinco, que huyó de su país en 2006, que se estableció cerca de Pau y que está a punto de ser expulsada por obra y gracia de la política de inmigración de la República. Y ello, a pesar de que un empresario bearnés está dispuesto a formalizar un contrato laboral para el padre.

En la madrugada del 16 de julio, día de la toma de posesión del cargo del nuevo prefecto de Pirineos Atlánticos, la familia Kuka fue despertada por los golpes en la puerta propinados por unas voces que ordenaban un temible «abran policía» y, minutos más tarde, un vístanse y sígannos. Poco después, en una de sus primeras gestiones, el flamante prefecto solicitó de la embajada albanesa un salvoconducto para la expulsión. Siguiendo el procedimiento, los cuatro sin papeles fueron trasladados de la comisaría al Centro de Retención de Hendaia. En el juicio rápido que se siguió en el Tribunal de Baiona, la juez no quiso atender a los argumentos de la defensa ni a los testimonios de aquellos que dieron fe de la integración todos los miembros de la familia albanesa en su barrio de acogida. El nuevo prefecto había decidido la expulsión y así debía hacerse, sin importar el riesgo que una vuelta a Albania pudiera ocasionarles.

Desconocía esta historia cuando, hace unos diez días, circulaba ante el Centro de Retención de Hendaia. No me fijé en el edificio. La cárcel destinada a los inmigrantes en proceso de expulsión forma ya parte del paisaje ignorado de Euskal Herria. Un paisaje en el que aquel día sólo distorsionaba la hilera inmóvil de coches desesperados por llegar a la playa Hondarraitz. Mi hija de dos años y medio, abducida por Pirritx eta Porrotx, me señaló la tricolor que ondeaba en la vecina comisaría: «Begira aita, bandera pirata». Lo confirmo, la patria de los Derechos Humanos se ha reducido a eso, un pirata de los Derechos Humanos. La familia ha recobrado temporalmente su libertad por un error de procedimiento en el juicio, pero sigue sin ser libre.