La continuidad del conflicto que sufre Navarra no se debe, de ninguna manera, a problemas de raíz identitaria, como a menudo invocan algunos, sino exclusivamente a la subordinación que padece gran parte de la sociedad civil, a la que se le niegan, de forma sutil o airada, sus derechos políticos, entre otros. La búsqueda de la libertad para todos es un activo decisivo, sobre todo en el caso de los ciudadanos de la sociedad subordinada.

El actual acervo jurídico europeo convive, de momento, con la existencia de espacios de desigualdad y subordinación, que sufren sociedades civiles europeas dominadas por otras. Por ello, los casos de Navarra (Euskal Herria) o Escocia, entre otros, se han convertido en problemas políticos crónicos a nivel europeo y por tanto a resolver también en el contexto de Europa. Sin embargo, la Unión Europea, de forma ineludible, algún día descansará sobre la plural soberanía de su diversa ciudadanía. Cambios que llegarán ante todo por la contestación de las sociedades subordinadas, el reconocimiento y la aplicación de los derechos humanos, además de a través de los Tribunales de Justicia europeos, que a su vez forzarán modificaciones en los Tratados de la Unión para reconocer los derechos colectivos, políticos y soberanos, al conjunto de las diferentes sociedades.

La soberanía es la libertad de la sociedad, por la que tiene la capacidad de no ser dominada por otra y de vivir según las reglas que se da a sí misma. No existe soberanía si el Estado propio no es libre, porque una potencia extranjera le dicta sus leyes. No hay democracia sin sociedad soberana. Estas consecuencias tienen su causa en la injusta conquista, partición, ocupación y depredación, padecida por el Estado europeo de Navarra, durante ochocientos años, a manos de Castilla-España y Francia.

No obstante, las diferencias que se aprecian en los procesos de Escocia y Navarra se deben a las diversas concepciones de la soberanía. Así, por un lado, mientras la Europa continental occidental está influida por un pensamiento de base católica-absolutista-jacobina, el existente en las islas británicas emerge de una construcción protestante-liberal-democrática. El discurso político en Francia y España no hunde sus raíces en las mismas bases filosóficas que las de las islas británicas. Ello influye en que los comportamientos de los agentes sociales y políticos difieran notablemente en ambas zonas europeas.

Así, dentro del área de influencia anglosajona, en Sudáfrica, Irlanda o Canadá, está saliendo adelante el mutuo reconocimiento para dialogar en igualdad y resolver los problemas. En cambio, observamos que en el Reino de España y la República Francesa, lo referente al reconocimiento de los derechos civiles y políticos, o a la soberanía de las diferentes sociedades, en la práctica tiene el lastre de unos principios y comportamientos muy alejados con respecto a los del citado ámbito que fue protestante. A este respecto resulta un ejemplo paradigmático, lo que le hubiera pasado a Gandhi, si en lugar de en la India, su actividad pacifista emancipadora se hubiera desarrollado en la Cuba de Martí o las Filipinas de Rizal.

La autonomía trata del gobierno de lo propio, sin que se reconozca políticamente la existencia de la sociedad civil, integrada de forma dependiente bajo un poder en la práctica ajeno, considerado superior e intangible. La autonomía se inscribe en el ámbito interno del Estado dominante y se halla, de forma antidemocrática, subordinada al poder estatal de la sociedad soberana no propia. La autonomía trata en la práctica de ocultar la problemática que padece la sociedad dominada y la justa solución autodeterminativa y soberanista.

Por el contrario, la soberanía no admite a un poder superior que la subordine. La soberanía se basa en la libertad de decisión de una sociedad no condicionada por otra, lo que hace posible la democracia. Ese es precisamente el sentido que tiene el principio constitucional navarro «pro libertate patria gens libera state», «para que el Estado propio continúe libre, que los ciudadanos sean libres» o «para hacer posible la libertad de los ciudadanos, que el Estado sea libre», significados que interpretan el contenido del mensaje.

La distancia entre soberanía y autonomía es insalvable, pues las escaleras soberanista y la autonomista no son intercambiables. La escalera soberanista conduce a la soberanía, la escalera autonomista lleva a la autonomía. Para no dar palos de ciego, esta sociedad tiene la necesaria legitimación de su propia soberanía y el referente de la secular estatalidad en Europa, anterior a fechas como 1200, 1512 o 1620. La territorialidad política sólo es una consecuencia de la sociedad soberana y de su estatalidad. Los territorios, particiones arbitrarias fruto de los Estados dominantes, español y francés, no deciden, ni tienen derecho a decidir, es la sociedad en su conjunto la que puede hacerlo. La soberanía es el faro, cuya luz indica si se camina en la dirección correcta, en igualdad, justicia y democracia.

El proceso soberanista se distingue claramente del autonomista. El ejercicio del derecho a decidir de una sociedad implica el reconocimiento de la misma, de su existencia y de su soberanía para actuar. Es decir, el paso de la autonomía a la soberanía nunca se podrá dar a través de la ley del Estado impostor dominante. Son escaleras diferentes, no existen peldaños comunes. Los peldaños de la escalera de la autonomía sólo traerán autonomía, por no reconocer que la sociedad está dominada y tiene capacidad de regirse únicamente por las leyes que ella decida.

Pretender alcanzar la soberanía y, a la vez, practicar solo la autonomía, es cuando menos incongruente. La autonomía tiene su fin en sí misma, dentro del sistema estatal gran-nacional dominante. La autonomía es contradictoria con la soberanía. La soberanía nace del derecho humano a ser libre y a decidir libremente, por lo que no es compatible con la subordinación autonómica. La autonomía no es un paso intermedio para llegar a la soberanía. No se puede posponer el ejercicio de la soberanía a un futuro. La mera acción de retrasarlo ya implica una decisión, que tiene consecuencias directas en el sujeto, obviando su existencia libre y su capacidad de no estar subordinado a otro.

Asimismo, la naturaleza del problema es intersocial o interestatal, la solución también lo es. El diálogo tiene que ser entre sociedades soberanas, siempre con el respeto y reconocimiento mutuo. Por ello, la práctica soberanista es inseparable del referente de la recuperación estatal y del abandono del pensamiento autonomista. La soberanía sólo se recupera con soberanía. En cambio, la autonomía es intraestatal, se concibe como un problema interno de un Estado. La subordinación es hoy la situación a cambiar. La actitud subordinacionista es el mayor peligro para la democracia, la libertad y la soberanía, tanto individual como colectiva. Del gran número de batallas que se ve obligada a librar la sociedad dominada, hasta salir de la impuesta subordinación, unas se pierden y otras se ganan. Las tácticas son diferentes y deben ser continuamente mejoradas, pues para que las victorias sean reales deben ser actos sociales de soberanía, hasta llegar a la definitiva recuperación plena.