La actualidad de Euskal Herria continúa pasando, desgraciadamente, de forma obligada por la sede de un conocido tribunal especial; ese tribunal político- inquisitorial que utiliza de ariete el Estado español para arremeter contra cualquier iniciativa que impulse la ciudadanía vasca en pro de su construcción nacional. Paradójicamente, a esa Audiencia se le colocó el adjetivo «Nacional» cuando en la transición se decidió cambiar el nombre, y sólo el nombre, al Tribunal de Orden Público (TOP). También las noticias que surgen de sus calabozos y sus despachos se suceden sin solución de continuidad. La noche del domingo llegaban desde allí las primeras noticias que recogían las denuncias de torturas de las diez personas detenidas por la Guardia Civil la pasada semana. A primera hora de la tarde de ayer se conocía la decisión de imponer una fianza de 30.000 euros a Ino Galparsoro, detenida y encarcelada hace tres meses por el delito de ser alcaldesa de Arrasate. Y hoy es el día elegido por la Fiscalía para solicitar la apertura de juicio oral contra 41 militantes de la izquierda abertzale, entre ellos, los interlocutores de Batasuna que no hace tanto tiempo se sentaban con los representantes del PSOE y el PNV en la mesa de diálogo.

Es hora de que Euskal Herria se libere de la inquisición político-policial española.