El PNV no observa objeción alguna respecto al pacto de Estado PSOE-PP
Josu Erkoreka, portavoz parlamentario del PNV en Madrid, dijo ayer que no ve «dificultad u objeción alguna» en «los principios generales» que José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy pactaron la semana pasada, y que suponen un reforzamiento de la estrategia represiva que comanda el Ejecutivo español. El diputado jeltzale no consiguió, por contra, el cese de la suspensión de la Ley de Consulta de Lakua.
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Cinco días después de reunirse en La Moncloa con Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero recibió en el mismo escenario a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso.
Josu Erkoreka, diputado del PNV, fue el segundo en la ronda de contactos con el presidente español, y al término del encuentro aseguró que Zapatero le había informado de los contenidos del pacto de cinco puntos suscrito con el líder del PP para ahondar en la estrategia represiva y que, según citó el propio Rajoy, supone la vuelta al «Pacto Antiterrorista» suscrito en 2000. El portavoz jeltzale, a este respecto, informó de que esos «principios generales» acordados entre ambos dirigentes españoles no le «entrañan a priori dificultad u objeción alguna» a su partido más allá de elementos que en su concreción puedan ser «discutibles».
En comparecencia ante los medios después de la cita, Erkoreka pareció satisfecho después de que Zapatero le asegurara que no iba a haber ninguna «confusión» entre la actuación del Estado contra ETA y la postura de los gobernantes españoles ante el PNV, y que esta formación iba a quedar al margen de los embates de la «lucha antiterrorista». Así, Zapatero le indicó que las reticencias que la formación jeltzale mantuvo hace ocho años para firmar el «Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo» no deberían existir en este momento.
El diputado jeltzale, asimismo, señaló que el presidente español le había aclarado que en su pacto con Rajoy «no hay ningún pronunciamiento explícito que descarte de manera expresa la idea del fin dialogado» de ETA siempre, apostilló, que la organización armada mostrara su disposición a dejar las armas. Erkoreka, en este sentido, recordó que su partido siempre se ha posicionado a favor de la resolución aprobada en el Congreso en mayo de 2005.
Rajoy sale al paso
Estas declaraciones del portavoz jeltzale hicieron que Rajoy saliera poco más tarde a puntualizar que en su acuerdo con Zapatero se establece que el Gobierno español no negociará con ETA.
Erkoreka, por otra parte, aprovechó el encuentro para pedir a Zapatero que promoviera el cese de la suspensión de la Ley de Consulta impulsada por el lehendakari, que el Gobierno del PSOE recurrió al Tribunal Constitucional, pero el mandatario español hizo oídos sordos a esta demanda.
El presidente español indicó a Erkoreka que el PNV no debería tener problemas en suscribir el pacto acordado por el propio Zapatero y Mariano Rajoy el miércoles de la semana pasada.
Como cada lunes, ayer también hubo movilizaciones por los derechos de los presos políticos vascos en Ataun, 16 personas, Ondarroa (95), Laudio (52), Astigarraga (20), Zaldibia (20), Altza (40), Otxarkoaga (18), Euba (11), Añorga (19) y en Erandio (12), donde recordó la situación de Jon Bilbao.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá hoy la apertura de juicio oral contra 41 personas a las que acusa de ser dirigentes de Batasuna en el sumario abierto contra la formación abertzale. Esta petición se produce después de que el pasado 1 de abril el juez instructor Baltasar Garzón concluyera el sumario 35/02, que comenzó a instruir hace seis años, cuando detuvo a varios militantes abertzales y decretó la suspensión de actividades de Batasuna, posteriormente ilegalizada por el Tribunal Supremo. La instrucción desarrollada por Garzón acumula más de 800 tomos, y las partes cuentan a partir de ahora con un plazo de veinte días para pronunciarse sobre la petición de la Fiscalía.
Este sumario se inició a finales de abril de 2002, cuando la Policía española detuvo a once personas acusadas de desarrollar, por orden de ETA, un plan de financiación a través de las herriko tabernas. Garzón decretó posteriormente el embargo de 75 herrikos.
En enero de 2005 este juez procesó por «integración en ETA» a 36 personas, y en meses posteriores incluyó en la causa a otros militantes de Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Alvarez.
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