La Agencia del Agua, dependiente del Departamento de Medio Ambiente de Lakua, ha resuelto el expediente sancionador que abrió en mayo contra la empresa Cantera de Zeleta proponiendo una multa de 60.000 euros, la máxima posible para una falta que califica como «leve».

La Agencia ha constado que, tal y como denunciaron Praileaitz SOS y Mutriku Natur Taldea, la empresa ha explotado la ladera en la que se abre el santuario paleolítico de Praileaitz «ocupando en parte», sin la preceptiva autorización administrativa, «la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre de la ría del Deba» que establece la Ley de Costas.

En la propuesta de resolución, difundida ayer por Efe, la Agencia del Agua, que concede un plazo de quince días a Cantera de Zeleta para que formule alegaciones, aclara que, aunque la multa impuesta «puede parecer insignificante» ante los beneficios que la empresa «ha podido obtener» durante el tiempo en que ha actuado ilegalmente en la zona, su cuantía «se va a ver incrementada por el costo de la reposición» de la misma a su estado original.

La apertura del expediente que ha dado lugar a esta resolución se debe a una denuncia presentada en agosto de 2007 por Mutriku Natur Taldea y Praileaitz SOS. Una denuncia que parecía haber caído en saco roto hasta que en febrero pasado, en el marco de una comparecencia sobre el santuario del chamán protagonizada por la consejera de Cultura, Miren Azkarate, ante el Parlamento de Gasteiz, transcendió que la Agencia del Agua había abierto diligencias previas para esclarecer los hechos y, en base a ellas, había ordenado paralizar cautelarmente la actividad de la cantera en la ladera de Praileaitz, ladera por cuya conservación se había venido y se sigue abogando desde instancias ciudadanas, científicas y políticas.

Tras realizar diversas mediciones topográficas, la Agencia concluyó que, efectivamente, «la explotación de la cantera podría haber invadido» un ámbito protegido por la Ley de Costas.

La cantera presentó entonces una serie de alegaciones en las que explicaba que contaba con un «plan de labores aprobado por el Departamento de Industria» que le «amparaba» para desarrollar su actividad en la zona en cuestión y que, además, disponía de la correspondiente declaración de impacto ambiental. La empresa derivaba así «posibles responsabilidades» al ejecutivo autonómico, al tiempo que le advertía de que paralizar su actividad en la ladera tendría para ella «graves consecuencias» que cuantificó en dos millones de euros mensuales.

A pesar de ello, el procedimiento siguió adelante y, tras comprobar que, efectivamente, «no quedaba acreditado» que la empresa contara con la preceptiva autorización, la Agencia ha decidido ahora sancionar a la empresa, al entender que los hechos denunciados por MNT y Praileaitz SOS «no han quedado desvirtuados».

La resolución recuerda, además, que la Ley de Costas «establece la servidumbre» como «una franja de protección» de la zona litoral que «comporta la prohibición general de determinadas actividades consideradas perjudiciales para la adecuada protección de un medio natural tan sensible».

Avala a los denunciantes

Miembros de Mutriku Natur Taldea y Praileaitz SOS indicaron ayer a GARA que aún les ha sido notificada la resolución, pero que, si se confirma que está redactada en los término en los que la dio a conocer ayer Efe, sus tesis se verían plenamente respaldadas. Matizaron que la Agencia del Agua ha considerado leve una infracción que, en su opinión, es, sin duda, grave, «porque no es sólo que la empresa haya actuado en la zona sin autorización, sino que no podría haberla obtenido en ningún caso, pues la extracción de áridos en esa zona de servidumbre de protección está expresamente prohibida por la Ley de Costas». Pero «lo importante», destacaron, no es tanto que la infracción sea calificada como leve o grave y la multa que comporte, sino que, «por Ley», la empresa está obligada ahora a devolver la zona afectada a su estado original. En caso de que los daños fueran irreparables -«y, en este caso, lógicamente, en gran medida lo son», matizan-, la empresa está obligada a abonar una indemnización, y, de cara al cálculo de esa indemnización, Mutriku Natur Taldea ya ha anunciado que solicitará que los peritos tengan en cuenta los datos de la propia empresa. «Si la suspensión cautelar de actividades en la ladera le causa pérdidas de dos millones de euros mensuales, ¿cuántas ganancias le ha proporcionado su explotación ilegal?», argumental. Hay que tener en cuenta que, según Praileaitz SOS y Mutriku natura Taldea, la cantera estaría actuando dentro de la zona de protección al menos desde 2002. Al respecto, la resolución de la Agencia Vasca del Agua dice que «no existen datos indubitados» que acrediten «en qué fechas concretas se ha desarro- llado» la actividad de la cantera en el área.

La propuesta de resolución del Agencia del Agua se presenta como una baza más en la pugna por modificar al alza el decreto de Praileaitz, de modo que proteja también el conjunto de lo que queda de la ladera del monte, algo que parece cada vez más inevitable y que, sin embargo, el departamento que dirige Miren Azkarate no termina de realizar, tal y como denunció la semana pasada la asociación Praileaitzen Lagunak.