Las «garantías» de un protocolo amañado

Dos de las personas arrestadas la semana pasada en el marco de la operación desarrollada por la Guardia Civil han presentado ante el juzgado, tras quedar en libertad, sendas denuncias por las torturas y malos tratos recibidos durante su paso por comisaría en régimen de incomunicación. Los ocho detenidos restantes, siete de ellos ahora en prisión, han anunciado que harán lo propio en breve. El testimonio de los dos torturados pone de manifiesto la nula validez del protocolo puesto en marcha por el juez Baltasar Garzón para «evitar» las torturas a los detenidos en las dependencias policiales. Según declararon, el médico de confianza que debía constatar el estado de salud de los arrestados durante el periodo de incomunicación no pudo realizar su primera visita hasta pasadas 40 horas desde el momento de la detención y, además, a este facultativo se le exigió posteriormente confidencialidad total sobre lo que pudiera constatar en las visitas.

Quienes, desde la caverna mediática española, atribuían a Garzón «veleidades garantistas» en lugar de «firmeza policial» con los detenidos ya pueden dormir tranquilos: el protocolo cumple todos los requisitos para permitir trabajar con libertad a los especialistas en obtener declaraciones. Mientras la incomunicación persista, no hay cuidado de que los derechos de los detenidos puedan estropear una «buena» confesión.