La escandalera mediática y política recreada en los últimos años de prisión de Iñaki de Juana ha llegado al escalón del puro histerismo con su excarcelación, consumada ayer tras pasar 21 años entre rejas, los dos últimos sustentados en una «imputación construida» según el manual del ex ministro López Aguilar. Noticias de estos días como la suspensión del concierto de un grupo musical llamado ``The Juana Chaos'' dan la medida exacta del grado de paroxismo alcanzado por una dinámica que nunca debió iniciarse y que está basada en una burda manipulación de la realidad. En ningún país del entorno hay encarcelamientos tan largos como éste. El récord lo tiene otro vasco: Joxe Mari Sagardui, Gatza, acaba de cumplir 28 años sin pisar la calle.

El tratamiento de la cuestión pasaría a engrosar la antología del disparate si no fuera porque tiene un objetivo de fondo, visible esta misma semana en iniciativas como la extensión de las investigaciones patrimoniales a familiares de presos o el intento de imponer a los ex presos un lugar de residencia. Se buscan emprender nuevas reformas legales ad hoc -«una vuelta de tuerca», en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, del PP-.

Ocurre, sin embargo, que al Estado español se le han acabado ya todas las vueltas de tuerca contra los presos vascos, de modo que ahora ha decidido «construir» contra sus familiares o contra los ya excarcelados, con medidas que de nuevo no tendrán parangón alguno en Europa Occidental. Y aunque ello le suponga ponerse en evidencia. Si esta misma semana el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha tirado de las orejas al Estado francés por cuestiones como los plazos de detención, poca duda cabe de que en el informe que se prevé para octubre Madrid saldrá bastante peor parado.

Y todo esto ocurre, por cierto, cuando apenas hace un par de semanas el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, argumentaba que «la mejor forma de pasar una estancia larga en la cárcel es ingresar en la banda ETA». Si Rubalcaba pretendía hacer un titular impactante, sólo logró enunciar una obviedad. El problema para el ministro es que la ciudadanía vasca sabe eso hace mucho tiempo, y los datos objetivos muestran que por ese lado no ha llegado ningún triunfo del Estado ni ninguna solución al conflicto.

Realidades virtuales

La noticia de la semana debería ser, por tanto, la alarma democrática y no una alarma social inventada a base de toneladas y toneladas de páginas amarillentas y de horas y horas de teleshows morbosos. Hay medios que a base de retorcer la realidad de este país han perdido la percepción y hoy se escandalizarán por las muestras de apoyo recibidas ayer por Iñaki de Juana, igual que el miércoles lo hicieron tras el cálido recibimiento de los arrasatearras a su alcaldesa, Ino Galparsoro.

El complemento necesario a la construcción de estos escándalos artificiales es el manto de silencio extendidos sobre las alarmas democráticas reales. Extraño mecanismo ése que hace que los mismos que hace días novelaban sobre amenazas de violación en Colombia no vean interesante la misma denuncia cuando el caso no ocurre en una selva a miles de kilómetros sino en un calabozo cercano, cuando la víctima no se llama Ingrid Betancourt sino Libe Agirre, cuando los captores no son las FARC sino la Guardia Civil. Extraño mecanismo el que hace que nadie explique por qué tras las detenciones de Bizkaia se descubren pisos, zulos y buzones y, en cambio, las mismas policías no son capaces de que el detenido en Iruñea por el estrangulamiento de una joven de Irun les explique qué pasó. ¿Por qué será?

La construcción de esa realidad virtual requiere tratar a la opinión pública como un ente carente del sentido común y el criterio crítico para hacerse preguntas tan básicas. Pero en Euskal Herria es imposible tapiar la pared de la verdad sin que queden grietas por la que ésta se cuele. Que se lo pregunten a Juan José Ibarretxe, que el viernes tuvo que enfrentarse con una realidad elocuente: tras sus nueve años en Ajuria Enea, hay más presos y familiares que nunca, y diecisiete personas han perdido la vida en las cárceles o en las carreteras.

Roberto Cearsolo y Reinaldo Sancho

Puestos a buscar alarmas sociales reales, esta semana ha ofrecido dos ejemplos tan evidentes para la ciudadanía como desapercibidos para las altas instancias. Si el tratamiento dado por jueces y políticos al estallido del caso de la sustracción de fondos del Museo Guggenheim ya evidenció una clara doble vara de medir, la auditoría externa que advierte ahora «claros indicios» de que Roberto Cearsolo se llevó aún más dinero del que reconoció multiplica el estupor. El amparo institucional al ex director de Administración y Finanzas del museo, tras apropiarse de 486.000 euros que pudieron ser 556.000 según se dice ahora, sí es un auténtico motivo de alarma social, y más en tiempos de crisis económica. Una crisis que, como se ve, no afecta a todos por igual.

Tampoco ha habido movilización de instituciones y patronales por Reinaldo Mariano Sancho, un trabajador subcontratado de la Volkswagen que acaba de fallecer tras cinco largos años de agonía por un accidente laboral. Las cifras de siniestralidad son escandalosas, y no se arreglan con fotos como la de Lakua con Confebask, UGT y CCOO, en la que ELA y LAB decidieron no posar.