El estado estadounidense de Texas aplicó ayer la inyección letal al preso hondureño Heliberto Chi, desoyendo la orden de la Corte Internacional de Justicia que exigió que se detuviera la ejecución «por haberse incumplido la Convención de Viena».

Según denunciaron los abogados de Chi, en el momento de ser detenido, a su cliente no se le permitió hablar con las autoridades consulares de Honduras. La Convención de Viena otorga ese derecho a todos los presos, pero en Texas ha sido incumplido en reiteradas ocasiones.

De hecho, esta misma semana fue ejecutado el preso mexicano Ernesto Medellín, a pesar de las peticiones de la comunidad internacional, incluida la del secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-Moon. Tanto Medellín como Chi habían alegado ante el Tribunal Supremo de EEUU que sus ejecuciones debían ser aplazadas «porque se habían incumplido acuerdos internacionales», pero los recursos fueron rechazados.

Acuerdo bilateral

El abogado del preso hondureño aseguró que Chi «pidió en numerosas ocasiones que se le permitiera hablar con representantes de su país porque desconocía el sistema jurídico de EEUU cuando fue detenido».

Al preso, que fue condenado por acabar presuntamente con la vida de un hombre en el año 2001, se le permitió hablar con el Consulado de Honduras cuando ya había sido sentenciado a muerte.

La cónsul hondureña en Dallas también alegó que desde 1928 EEUU y Honduras mantienen un acuerdo en materia de protección judicial.

Según Lastenia Pineda, ese acuerdo «habla de la dignidad con la que tienen que ser tratados los ciudadanos de EEUU en Honduras y viceversa». Los datos del organismo privado CIPM revelan que ya son 412 el número de ciudadanos que han sido ejecutados por el Estado de Texas.