PP y PSOE pactarán nuevas medidas para perseguir a los ex presos vascos
Contar con una de las legislaciones penales más duras contra la disidencia política no parece ser suficiente para los gobernantes españoles. PSOE y PP estudian suscribir un acuerdo para que los ex prisioneros políticos vascos sean perseguidos una vez hayan cumplido la condena impuesta y recuperada la libertad. Las conversaciones entre ambos partidos barajan incluso la posibilidad del control policial.
GARA |
Será el próximo mes de setiembre cuando el PP y el PSOE escenifiquen mediante una rúbrica el pacto que examinan estos días con objeto de perseguir a los presos políticos vascos una vez hayan cumplido la condena impuesta y recuperen la libertad. Junto a la reforma del Consejo General del Poder Judicial, la reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy incluía el acuerdo de una batería de medidas para perseguir a los represaliados políticos. El PP y el PSOE se han excusado en la liberación de Iñaki de Juana para arremeter de nuevo contra los vascos encarcelados.
La publicación de un artículo sobre de las medidas que pactan el PSOE y el PP en la edición de ayer de «El País», seguido de las declaraciones del ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, evidencian el desarrollo de las negociaciones que al respecto están llevando a cabo el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo. Si bien la información del rotativo español apunta a lo que califica de «escándalo ciudadano» por la excarcelación de De Juana como el detonante para el entendimiento entre los dos mayoritarios partidos políticos españoles, la mayoría de las medidas que estudian ambas formaciones ya se aplican en la práctica a los represaliados vascos que recuperan su libertad. Entre las nuevas medidas estaría, entre otras, la «prohibición de vivir en el mismo lugar que alguna víctima».
El PP, por su parte, dirige su iniciativa sobre las medidas que recoge el Código Penal español, pero que, a su entender, no se aplican de forma sistemática. El PSOE, sin embargo, pretende reforzar la figura del juez. La toma de decisiones sobre los presos, de esta forma, contaría con una laxitud mayor sujeta al criterio y la interpretación que realice el propio magistrado.
Controlados por la Policía
En lo que estarían de acuerdo ambas formaciones es en el escaso margen que otorga, a su juicio, la legislación española para ampliar las actuaciones contra los militantes vascos. A este respecto, en la información de ayer se destaca que gracias a la reforma del Código Penal de 2003 los vascos juzgados ahora pueden estar encarcelados hasta 40 años.
Tanto el PP como el PSOE se han opuesto a la aplicación de la cadena perpetua, pero en la práctica ya se ejecuta en los presos políticos vascos. Este sería el caso de los vascos a los que les han aplicado la doctrina que estableció el Tribunal Supremo español hace ya dos años, impulsado también en ese momento por la inminente liberación de un prisionero y tras una enorme campaña mediática.
Entre la batería de medidas que se barajan, además de las referidas al resarcimiento económico y la prohibición de aproximarse o vivir cerca de alguna víctima, también estudian que los ex presos políticos vascos sean controlados por las FSE. «El encaje legal de esta vigilancia es que la misión de la policía es prevenir el delito», asegura «El País». Como con todas las anteriores medidas dirigidas contra los independentistas vascos, también en este caso, el criterio que regirá la toma de decisiones versará en torno «al arrepentimiento» del prisionero y lo que, a juicio de los españoles, supone la «reinserción».
«La prohibición de aproximarse a la víctima», y, por consiguiente, el veto a residir a una distancia concreta de ella, ha sido la exigencia del que han hecho bandera en las últimas semanas PSOE y PP. Sin embargo, en la práctica, esa decisión ya se aplica en los fallos de la Audiencia Nacional española. Ahora, sin embargo, el PSOE, a rebufo de las demandas del PP, plantea otorgar más peso y margen decisorio a los jueces; y, en concreto, estudia el artículo 48 del Código Penal español, en el que, según «El País», «se podría explicitar que el juez tenga la posibilidad de decretar el alejamiento de todas las víctimas de la banda, no sólo de las del terrorista condenado».
El PP, por contra, se ha fijado en el artículo 96. En ese apartado se recogen «doce medidas de seguridad» que se pueden aplicar a los ya ex presos bajo el argumento preventivo de «la reincidencia».
Las medidas serían los siguientes: «Inhabilitación profesional; expulsión del territorio nacional de extranjeros; obligación de residir en un lugar determinado; prohibición de residir en un lugar o territorio; prohibición de acudir a un lugar o territorio; custodia familiar; privación del derecho a conducir vehículos a motor; privación del derecho a tener y portar armas; prohibición de aproximarse a la víctima; prohibición de comunicarse con la víctima; sumisión a tratamiento en centro médico; y sometimiento a programas formativos, educativos, etc.».
El ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró ayer que al respecto «hay un amplio margen de medidas», y confirmó que estudian también medidas de control que «supongan que se pueda vivir en libertad, pero en limitación, estableciendo mecanismos de control eficaces».
