Morales y los prefectos opositores retoman el camino del diálogo
Después de más de seis meses de bloqueo político, el Ejecutivo de Evo Morales y los gobernadores opositores del país se reunieron ayer en el palacio presidencial de La Paz con el fin de «resolver los problemas que preocupan a los bolivianos». El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, convertido en el máximo opositor al Gobierno, no acudió a la cita alegando «motivos de salud», y anunció su intención de seguir avanzando en el «proceso autonómico» de Santa Cruz.
GARA |
El Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y los gobernadores opositores de cuatro regiones de Bolivia retomaron ayer el diálogo después del llamamiento realizado por el presidente Evo Morales tras su victoria en el referéndum revo- catorio.
A la cita en el palacio presidencial de Quemado, en La Paz, acudieron los gobernadores refrendados de los departamentos de Tarija, Beni y Pando, además de Savina Cuéllar, gobernadora de Chuquisaca, elegida recientemente. También estuvieron presentes los prefectos oficialistas de Potosí y Oruro.
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, eregido como el máximo representante de la oposición a falta de un líder a nivel nacional, no acudió a la cita aludiendo «motivos de salud». En su lugar, envió al encuentro al secretario general del departamento. Costas se encuentra realizando una huelga de hambre en protesta por la «apropiación» del Estado del impuesto de los hidrocarburos, que Evo Morales destinó para pagar la pensión a los ciudadanos de más de sesenta años, bajo el nombre de «Renta Dignidad».
Ése fue precisamente uno de los puntos que se trataron en la reunión, en la que a juicio de los participantes, «se progresó muy poco». Los gobernadores opositores reclamaron al Gobierno que devuelva a las regiones el Impuesto sobre los hidrocarburos (IDH). Además, según declaró Mario Cossio, gobernador de Tarija, «también le hemos exigido que reconozca el proceso de las autonomías» que han impulsado las regiones que conforman la llamada «media luna», en el extremo oriental del país.
El presidente Evo Morales, por su parte, volvió a reivindicar en el encuentro de ayer la nueva Constitución Política del Estado (CPE) impulsada por su Gobierno. La nueva Carta Magna ya fue aprobada en la Asamblea Constituyente, pero aún no ha sido refrendada por los ciudadanos. La oposición acusa a la nueva CPE de ser «centralista y favorable a los indígenas».
Elecciones en Santa Cruz
El gobernador de Santa Cruz Rubén Costas convocó ayer para el 25 de enero del año próximo elecciones departamentales para elegir a los representantes de la futura «Asamblea legislativa autónoma de Santa Cruz». Esta región, celebró el pasado 4 de mayo un referéndum para aprobar sus estatutos autonómicos, que para el Gobierno de La Paz son «ilegales e inconstitucionales». La formación de este «parlamento regional», podría ser el primer paso que impulsa Costas para aplicar los Estatutos de facto.
El ministro de defensa boliviano, Walker San Miguel, denunció la «actitud soberbia y rabiosa» de Costas, mientras que calificó la medida de «ilegal».
El ministro de defensa Walker San Miguel criticó con dureza el hecho de que Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, no acudiera a la reunión de La Paz, «reiterando su actitud soberbia y rabiosa».
La Corte electoral de Ecuador convocó ayer un referendo para el próximo 28 de setiembre, en el que más de nueve millones de ecuatorianos, incluidos los residentes en el extranjero, se pronunciarán sobre la nueva Constitución impulsada por Rafael Correa. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta, anunció ayer públicamente la fecha electoral, después de que el pasado 25 de julio la Asamblea Constituyente diera el visto bueno al texto.
Mediante la nueva Carta Magna, Correa pretende afianzar la «revolución ciudadana» que comenzó tras acceder al Gobierno en el año 2007. Los impulsores destacan varias medidas que recoge la Constitución: la educación y la sanidad serán públicas y gratuitas, no se permiten la instalación de bases militares extranjeras y prohíben la privatización del agua y el latifundio.
Para obtener un nuevo triunfo en las urnas, Correa necesita conseguir más del 50% de los apoyos. Tanto el presidente como la oposición ya han comenzado la campaña electoral. En Guayaquil, los opositores realizaron ayer varias concentraciones contrarias a la Constitución. Además, la Iglesia católica también ha rechazado el texto impulsado por Correa, ya que a su juicio, «abre la posibilidad al aborto y autoriza la unión de hecho de parejas del mismo sexo».
