Ingo NIEBEL

En cambio, los jueces del Tribunal Supremo dieron la razón a los ex miembros de la RAF porque, por un lado, ya fueron sentenciados por esta acción y, por el otro lado, tenían el derecho a negarse a declarar ya que corrían el peligro de autoinculparse de otros delitos por los que no han sido juzgados.

Con esta decisión el Tribunal Supremo intenta quitar importancia a un asunto que desde 2007 ha despertado el interés mediático: el supuesto suicidio de tres líderes de la RAF en la cárcel de alta seguridad de Stammheim y la posible infiltración de la RAF por los servicios secretos que quizás no evitó la muerte de Buback en atentado.

Ha sido su hijo Michael quien ha sembrado la duda sobre la actuación del servicio secreto interior (BfV), reclamando que revele su relación con la ex activista Verena Becker. Fue detenida en medio de un tiroteo en 1977. La Policía halló en su poder un arma empleada en la acción contra Buback. Después de su detención buscó el contacto con el BfV pero el ministro de Interior Wolfgang Schäuble (CDU) se niega a entregar los correspondientes documentos. Becker fue indultada en 1989 y las autoridades le dieron otra identidad. Michael Buback ha anunciado que publicará sus pesquisas este otoño.

La presencia de los servicios secretos alemanes se ve también en el caso de Birgit Hogefeld. El julio pasado la Audiencia Territorial de Frankfurt falló que la activista tendría que pasar un mínimo de 18 años en la cárcel y que por lo tanto no podría salir ahora en libertad condicional. La integrante de la RAF fue detenida en 1993 en el marco de una controvertida operación policial en la que murieron su compañero Wolfgang Grams y el policía de elite Michael Newzrella. Según la versión oficial, este último falleció abatido por Grams quién poco después se quitó la vida. Otros testigos opinan que un policía remató al miembro de la RAF y que el agente murió por «fuego amigo». El «topo» Klaus Steinmetz jugó un papel decisivo en la localización y en el arresto de Hogefeld.

En 1996 la Audiencia Territorial de Frankfurt le condenó a cadena perpetua por «pertenencia a organización terrorista» y por la participación en varios atentados. Los jueces dictaron también que en los delitos de Hogefeld existía un «peso especial de culpabilidad». Con este añadido el Tribunal evitó que la activista obtuviera la libertad condicional después de haber pasado quince años en la cárcel.

La judicatura entiende por «cadena perpetua» un mínimo de quince años de cárcel que, según el caso, pueden ser ampliados. Otra característica de Alemania es que, desde 1986, un acusado ya no puede ser sentenciado a «dos cadenas perpetuas por un asesinato doble». Es decir, a pesar de que existan varias cadenas perpetuas sólo cuenta una. Aunque la cadena perpetua puede durar décadas el Tribunal Constitucional falló en 1977 que la reclusión nunca puede ser infinita sino que un condenado debe de tener la posibilidad de recobrar la libertad, independientemente de que puede ser indultado por el presidente de la República.

En 2007 Horst Köhler decidió no tratar la correspondiente solicitud de Hogefeld. La activista se ha desmarcado de su pasado y de la RAF, pero sin delatar a sus compañeros y sin colaborar con la Fiscalía Federal. Ahora tendrá que esperar hasta 2011 antes de poder solicitar de nuevo su libertad condicional. Mientras tanto, ha podido cursar estudios universitarios y actualmente está haciendo su doctorado.

En una situación parecida se halla Christian Klar. Cayó en manos de la Policía en 1982. En 1985 fue condenado -junto a otros activistas- a seis cadenas perpetuas por todos los atentados que el Estado atribuyó a la RAF desde 1977. Dos décadas más tarde la Audiencia Territorial de Stuttgart decretó que Klar tendría que estar por lo menos hasta enero de 2009 en la cárcel, cumpliendo así una pena de 26 años. En la actualidad el ex miembro de la RAF, de 56 años, puede salir de vez en cuando de la prisión, acompañado por personas de su confianza, para organizar su futura vida en libertad. Estos «privilegios» le fueron retirados cuando la Fiscalía Federal solicitó el arresto coercitivo en enero.