Eel Tribunal Constitucional español ha denegó ayer a los miembros del Tripartito de Gasteiz y a Aralar la posibilidad de personarse en el proceso sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno español y el PP contra la Ley de Consulta aprobada en el Parlamento de Gasteiz, tal y como habían pedido los recurrentes. Probablemente, la decisión no ha extrañado a nadie, esté o no de acuerdo con ella, salvo quizá al lehendakari del Gobierno de Gasteiz, quien un día antes mostraba su absoluto convencimiento de que el tribunal español daría luz verde a la consulta en tres territorios históricos vascos. Más extraña resultó la afirmación del lehendakari -salvo en clave de escenificación-, que seguramente habrá perdido parte del convencimiento que transmitía. Es más que previsible el futuro de la Ley de Consulta, al igual que la respuesta a su supresión. El partido de Juan Jose Ibarretxe, coherentemente, aseguró que acatará la decisión del Constitucional. Coherentemente tras haber aceptado poner el derecho de decisión de los ciudadanos vascos -en este caso de una parte de ellos- en manos de un tribunal español.