Pakistán ha sido históricamente uno de los países más inestables y conflictivos del mundo. Tiene el marchamo de haber sido colonia inglesa y es a la vez frontera y mezcla de culturas, comunidades y religiones. Con cerca de 170 millones de habitantes, mayoritariamente musulmanes, hace frontera con Afganistán e Irán por el Oeste, con India en el Este y con China en el Noroeste, lo que le ha situado en una posición geopolítica vital para los intereses de las grandes potencias; en el siglo XX y en éste.

Con la forzada dimisión de Pervez Musharraf, tras casi una década en el poder, se han abierto nuevas posibilidades para la población paquistaní, pero también nuevos interrogantes derivados de la herencia política y militar legada por el general golpista. Su condición de aliado de los Estados Unidos en la región y especialmente en la «guerra contra el terrorismo» emprendida por la Administración Bush, le ha garantizado inmunidad e impunidad. Una impunidad que ha utilizado para convertir Pakistán en una potencia militar en la región. En un momento en el que se intenta hacer del programa de energía nuclear del país vecino Irán un tema prioritario de la agenda internacional, los mismos que promueven sanciones de la comunidad internacional contra Beirut han permitido que Pakistán se convierta en una potencia nuclear al margen de todo tipo de control. Por supuesto, no está a debate que el programa nuclear paquistaní sea para usos civiles.

Los atentados de ayer contra la mayor factoría de armamento del país evidencian, aún más si cabe, la irresponsabilidad de quienes han promovido ese desarrollo -los halcones norteamericanos- y de quienes los han permitido -especialmente las agencias dependientes de las Naciones Unidas-. A esa postura insostenible hay que sumarle que Musharraf ha exagerado el control que ejercía sobre las diferentes comunidades y territorios paquistaníes, especialmente los talibanes. Por eso, aunque se dé por hecho quién es el dueño del país, no se atisba quién puede gobernarlo en serio.