La sucesión a lo largo del verano de casos de violencia sexista, siendo la agresión contra una menor en fiestas de Bilbo el último de ellos, requiere una reflexión profunda por parte de toda la sociedad. Una reflexión que determine las múltiples causas sociales que posibilitan estos comportamientos, que evalúe las razones del fracaso de las políticas aplicadas hasta ahora y que proponga medidas en todas las esferas de la sociedad para que a medio plazo se pueda reconducir una situación que afecta no sólo a las mujeres agredidas y a su entorno, sino a todas las mujeres que no pueden vivir con entera libertad en el trabajo, en sus relaciones o, sencillamente, en fiestas.

Cabe señalar que entre los agresores hay desde miembros de las «élites económicas y culturales» -como en el caso de la muerte de Nagore Lafagge- hasta personas provenientes de familias completamente desestructuradas. Hombres de toda condición que, visto lo visto, sólo tienen en común una concepción de la mujer según la cual ésta debe obedecer sus deseos. Asimismo, la mayoría de las violaciones se producen a manos de conocidos o familiares y, por esa misma razón, son muchos más los casos que ocurren que los que transcienden públicamente. En definitiva, los agresores tienen un perfil mucho más abierto de lo que los prejuicios nos permiten concebir. Por lo tanto, esos prejuicios pueden crear una percepción de seguridad o inseguridad, pero no libran a nadie de las agresiones sexuales, cuyas causas hay que buscar en lo más profundo de las estructuras de poder de nuestra sociedad.

Las denuncias que suceden a cada caso son necesarias, pero no pueden servir a las autoridades para ocultar su responsabilidad. En ese sentido, el debate en torno a la violencia sexista debería enfocarse desde la necesidad de garantizar la libertad de las mujeres y no desde la ideología de la seguridad que esas autoridades pretenden imponer. Esa perspectiva ayudará a medio plazo a que la violencia sexista pase de ser una lacra social a una patología marginal.