El pasado 19 de agosto, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) notificó una «anomalía» en las baterías de las barras de suministro ininterrumpido de la central nuclear de Garoña, en Burgos, a cinco kilómetros de Araba. La deficiencia había sido detectada también en una inspección el pasado 15 de julio, aunque el CSN no lo hizo público en aquella fecha.

Según el colectivo ecologista Eguzki, más allá de este último hecho, «son incontables» las deficiencias registradas en Garoña, desde su puesta en marcha en 1970, calificadas de «anomalía», por lo que apunta a que «demasiadas anomalías juntas son ya epidemia».

El organismo ecologista, en la nota de prensa hecha pública, detalla una serie de incidencias registradas a lo largo de los últimos años en Garoña, de las que dice, «no se pueden calificar de anomalías». En tal lista, aparecen entre otros, la presencia de isótopos radioactivos en el río Ebro, las fugas de más de 400.000 litros de agua contaminada por la radiactividad, las emisiones de gases nobles radiactivos 60 veces superiores a los límites legalmente permitidos o «el anormal índice de cánceres en la zona de influencia» de la central de Garoña, recogidos en un informe del Centro Nacional de Epidemiología.

Exigencia de cierre inmediato

Eguzki, además, pone en duda la fiabilidad del CSN, del que dice ser la «continuación de la franquista Junta de Energía Nuclear», además de achacarle la «influencia directa con las grandes multinacionales de la energía como Iberdrola o Endesa», propietarias de Garoña. De hecho, Eguzki censura la «calidad de la información» del organismo, y detalla las instrucciones de la Sala de Emergencias de éste de «dar información falsa o deliberadamente ambigua en caso de accidente nuclear».

Tras exponer la situación, el colectivo ecologista exige al Gobierno español el cumplimiento del compromiso electoral de cierre de las centrales nucleares de primera generación, de las que sólo la de Garoña sigue en funcionamiento, para de esa manera, respetar «la voluntad popular mayoritaria expresada a través tanto de las instituciones alavesas como de las organizaciones sociales y sindicales».

Precisamente la Diputación Foral de Araba, mediante su diputado de Medio Ambiente, Mikel Mintegi, exigió ayer al Gobierno español no «demorar ni un momento más la orden de cierre» de la central de Garoña, a tan sólo cinco kilómetro del territorio alavés.

Tras exponer su «suma preocupación por la cadena de incidentes» de las diferentes centrales nucleares del Estado español, Mintegi recordó que la de Garoña «es la central más vieja, lo cual provoca incidentes», en alusión al registrado esta misma semana, «que elevan enormemente el riesgo de afecciones a la población alavesa y vasca en general».

Insistiendo en la antigüedad de la central, el diputado foral afirmó que «ha sobrepasado con creces su vida útil, como queda claro a la vista de los numerosos episodios de averías que presenta», por lo que consideró que «Zapatero debe afrontar el problema de modo inmediato y cerrar ya Garoña».

También Greenpeace exigió el jueves el cierre de la central nuclear de Garoña, además de pedir explicaciones al CSN por no informar de «un suceso que ya se registró en Garoña desde el 15 de julio». De esa manera, la organización ecologista adelantó que «solicitará al CSN información más detallada sobre el motivo por el que estas baterías no habían sido sustituidas», cuando se detectó la deficiencia a mediados del julio pasado.

Nivel 1 en la Escala INES

El CSN, por su parte, clasificó el fallo detectado en Garoña con el nivel 1 de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES, en sus siglas en inglés), que tiene una clasificación del 0 al 7.

El organismo oficial informó de que el suceso de Garoña no supone riesgo ni para la población ni para el medio ambiente y anunció la realización de una inspección en la central.