La Audiencia Nacional baraja encarcelarlo
El PP logra detener a Zigor Goikoetxea en su ofensiva contra los ex presos
El afán por abrir una vía de persecución a los ex presos vascos ha dado como resultado la detención, por ahora por 72 horas, de Zigor Goikoetxea. Este joven fue acusado de «amenazas» por la concejala del PP en Getxo Marisa Arrúe, que hoy está citada para ratificarse, tras lo que el joven podría ser encarcelado. Mientras tanto, varios dirigentes del partido insistían ayer en exigir reformas para controlar a los excarcelados.
O.L. | MADRID
El joven algortarra Zigor Goikoetxea se encuentra en estos momentos detenido después de que el juez de la Audiencia Nacional española, Fernando Andreu, en un procedimiento poco habitual, acordara su arresto por un tiempo de 72 horas. En este plazo la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Getxo, Marisa Arrúe, deberá acudir al tribunal especial para explicar su versión de lo ocurrido el pasado 10 de agosto y la razón por la que denunció al joven.
Este hecho coincide en el tiempo con la intención del PP de pactar con el PSOE una nueva reforma legal destinada ahora a perseguir a los presos políticos vascos una vez que hayan cumplido la condena impuesta y recuperen su libertad. El PP está multiplicando la presión sobre el PSOE para que active ya una batería de medidas contra los ex prisioneros vascos, lo que le ha llevado a realizar duras declaraciones contra el fiscal general del Estado por no actuar en el caso de Zigor Goikoetxea, que quiere situar como ejemplo.
La campaña mediática que arrancó con la excarcelación de Iñaki de Juana derivó poco después en la denuncia de Arrúe. El 10 de agosto, la concejala, compañada por otros ediles de su formación, acudió a visitar el mercado de San Lorenzo en Getxo. Según su versión, un grupo de personas la «increpó, insultó y amenazó».
En un primer momento comentó que la habían llamado «torturadora» y no identificó a nadie. Dos días después, pasó a manifestar que la habían «amenazado de muerte» y se dirigió a estas personas como «perros»; fue entonces cuando se difundió que Goikoetxea era «uno de los componentes del grupo», y se remarcó su parentesco con el recientemente detenido Arkaitz Goikoetxea (son hermanos).
Arrúe no escondió ante la prensa su esperanza de que el joven «ingresara en la cárcel para no volverle a ver por las calles de Getxo» y con ese objeto presentó su denuncia ante el tribunal especial, que fue seguida por otra de «apoyo» de la dirección del PP.
La comparecencia de Goikoetxea estaba prevista para el mediodía de ayer, pero horas antes los medios aseguraban ya que el fiscal iba a solicitar el ingreso en prisión incondicional para el joven. Tras la declaración de Goikoetxea, que negó ante el magistrado Fernando Andreu haber proferido amenazas contra la concejala, el juez, a instancias del Ministerio Público, ordenó la detención cautelar del vecino de Algorta, a la espera de que Arrúe ratifique hoy su denuncia.
La concejala de Getxo ha sido citada para hoy, a las 10.00, y ayer mismo confirmó que acudirá a Madrid. Una vez haber escuchado a Arrúe y al abogado del PP, que también se adhirió a la denuncia, las partes solicitarán al juez las medidas cautelares que estimen oportunas; sin embargo, las agencias españolas aseguraban ya que la Fiscalía solicitará la prisión incondicional.
Labrando camino
Será el próximo mes de setiembre cuando el PP y el PSOE terminen de atar el pacto que perseguirá a los ex presos políticos. Tanto el presidente del PP en la CAV, Antonio Basagoiti, como la portavoz en el Congreso español, Soraya Saénz de Santamaria, labraron el camino con declaraciones realizadas ayer.
El primero consideró la actuación contra Goikoetxea como «un síntoma de normalidad absoluta» y la segunda fijó en su particular punto de mira tanto a Iñaki de Juana como a Arnaldo Otegi, que esta misma semana recuperará su libertad. Pidió a la Fiscalía General del Estado que estén «muy vigilantes» ante sus actuaciones para que «no vuelvan a las andadas».
Según filtraciones, a Goikoetxea podrían atribuirle además de «amenazas» otro delito de «atentado» al considerar que sus supuestas palabras incluían una «intimidación».
La causa será trasladada al juzgado de Garzón -magistrado que dictó el pasado octubre su puesta en libertad bajo fianza- para que estudie si ha incurrido en una «reiteración delictiva» y si por tanto procede cambiar su situación.