La incomunicación es nuestra divisa». Ésta podía ser otra frase lapidaria -junto a esa del «Todo por la patria» que patentó la Guardia Civil- para engalanar los portales de los cuarteles que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ocupan en Euskal Herria. Incomunicación que se aplica a cualquier ciudadana o ciudadano de este país que cae en sus manos. Incomunicación que es sinónimo de vulneración de derechos humanos, como recogen todas las organizaciones internacionales y declaraciones universales que exigen que a las personas detenidas se las trate como a personas antes que como a reos.

Pero incomunicación también porque, no contentas con mantener secuestrados en sus calabozos a los detenidos -como ocurre con los dos jóvenes de Barañain arrestados el pasado fin de semana- o con enviar al hospital a quienes asisten a un concierto -como sucedió en Barañain-, las FSE intentan impedir que su modo de proceder no sea comunicado al conjunto de la ciudadanía o que, en su caso, sólo se comunique la versión «correcta», es decir, la suya.

Que las fuerzas policiales impidan las protestas ciudadanas contra sus propias actuaciones deja en evidencia el nulo talante democrático que emana del Estado español, que pretende extender la incomunicación en Euskal Herria para tapar sus vergüenzas democráticas.