Familiares de los jóvenes barañaindarras Luis Goñi y Xabier Sagardoi, acompañados de representantes del movimiento pro-amnistía, acudieron ayer a la oficina del Defensor del Pueblo de Nafarroa con la intención de que éste pudiese interceder para que se les levante la incomunicación a los detenidos, sobre los que sigue sin haber dato alguno tres días después.

«Hemos venido aquí para que el Defensor del Pueblo interceda ante el juez para que los detenidos pasen a su disposición cuanto antes, pero nos ha dicho que no puede hacer nada ya que ese asunto no entra dentro de sus competencias y no piensa excederse», declaró el representante del movimiento pro-amnistía, Iosu Esparza, tras el encuentro.

El pesimismo y la preocupación era palpable en los rostros de los allegados de los jóvenes. No conocen su paradero ni el trato que pueden estar recibiendo en manos de los militares. «A Luis lo han secuestrado. Nadie sabe decir dónde lo tienen ni de qué se le acusa concretamente. Temo que sus captores no le estén dando su medicación», denunció entre sollozos la progenitora de Goñi, que lamentó la situación de desamparo en la que se encuentran los familiares de los detenidos cuando se aplica la incomunicación.

«Se supone que este señor, que es el Defensor del Pueblo de Nafarroa, debe denfender y velar por los derechos de todos los navarros, incluidos mi hijo y yo que también lo somos, pero no lo hace. ¿A quién se supone que le debo preguntar dónde tienen a Luis? ¿Quién me responde?», se preguntó desconsolada.

«Crear terror»

En ese sentido, Esparza apuntó que «según parece, la Guardia Civil venía haciendo un seguimiento a los detenidos desde hacía tiempo, y por tanto se supone que tendrán suficientes pruebas contra ellos», por lo que denunció que «si eso es así, no entendemos por qué los mantienen incomunicados».

En su opinión, aplicando el periodo de incomunicación las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pretenden por un lado «sacar información a los detenidos para facilitarles su trabajo» y por otro «crear terror entre los jóvenes mediante la tortura y los malos tratos».

«Por tanto, si miramos el diccionario y vemos cómo se les denomina a los que crean terror, nos damos cuenta de que se da la vuelta a la tortilla con estas denuncias que se dan en muchas ocasiones», recalcó el portavoz del movimiento pro-amnistía.

De ese modo, aseguró que le habían hecho entrega a Enériz de las denuncias de torturas hechas públicas por los lesakarras Igor Portu y Mattin Sarasola después de que fueran detenidos por agentes del instituto militar en enero. «La última vez que la Guardia Civil tuvo incomunicados a dos ciudadanos navarros, uno de ellos terminó ingresado en la UCI», recordó.

Esparza quiso dejar claro que los responsables políticos de estas detenciones son UPN y PSN y apuntó que «no es casual que este operativo policial se haya producido ahora en Barañain».

Recordó que hace dos años, en pleno alto el fuego de ETA, el ahora alcalde del pueblo José Antonio Mendive (UPN) «vio calcinado su negocio y pidió detenciones por ello, y también las exigió tras lo ocurrido en las fiestas de Barañain este año», por lo que consideró que estos últimos arrestos «son precisamente los que pidió el alcalde».

UPN y PSN, «de la mano»

En ese sentido, denunció que cuando se trata «de reprimir a los independentistas, UPN y PSN van siempre de la mano», dado que a su parecer tras la ruptura del último proceso de negociación «Nafarroa se ha convertido en cuestión de Estado». «Cuando UPN pide detenciones, el PSN se las da», criticó el representante del movimiento pro-amnistía.

Así, criticó «la estrategia de guerra» que está llevando a cabo el PSOE «contra los jóvenes comprometidos de Euskal Herria», algo que a su juicio «no hace más que crear más sufrimiento y dolor»..

Sobre la situación en la que se encuentran los jóvenes no había ninguna novedad ayer. Ni la Guardia Civil ni fuentes del Gobierno español han querido dar ningún tipo de información, por lo que continúa el mutismo oficial sobre su paradero.

Los abogados pidieron el domingo el habeas corpus para los detenidos, o en su defecto que se apliquen una serie de medidas efectivas para impedir la práctica de la tortura, pero todavía no han obtenido respuesta desde la Audiencia Nacional española. No saben siquiera en qué calabozos están, ni tampoco si se van a agotar los cinco días de incomunicación.