Cientos de personas participaron ayer en la Marcha contra Garoña que con el lema «Ante la prórroga, ahora es el momento: Garoña cierre ya», exigieron que no se conceda una nueva prórroga a la planta nuclear y se clausure definitivamente.

La marcha se inició en la localidad burgalesa de Barcina del Barco y, tras recorrer el kilómetro que separa esta localidad de la planta atómica, se realizó una parodia sobre la energía nuclear. Al término del acto se leyó un comunicado en el que se volvió a insistir en el cierre de la central, situada a escasos kilómetros de Euskal Herria.

Francisco Castejón, responsable de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción, destacó la importancia de la «movilización social» para conseguir que el Gobierno español decida no renovar el permiso de funcionamiento de la planta.

Según señaló, en 2009 el Ejecutivo que dirige Zapatero debe decidir la continuidad o cierre de la central más antigua del Estado español -cumplirá 38 años en 2009- y insistió en que su seguridad «está seriamente degradada».

Castejón incidió además en que Garoña es «prescindible» pues sólo suministra el 1,3 por ciento de la electricidad y en lo que va de año ha sufrido cinco incidentes, entre los que destaca por su importancia el fallo registrado el pasado 19 de agosto de las baterías de alimentación de emergencia. El día 25 tuvo lugar otro percance, en este caso en uno de los reactores automáticos.

Para los convocantes de esta movilización, estos incidentes no son más que un reflejo del mal estado general de la central, que presenta un gran número de sistemas degradados.

Ecologistas en Acción mantiene que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) reconoce que la planta presenta 78 elementos degradados y otros 135 componentes con un estado de degradación medio o bajo.

El defecto más grave, según relató Castejón, es la «corrosión» que afecta al circuito primario y en concreto al barrilete y a las penetraciones de las barras de control, y que son además problemas muy serios porque afectan al «núcleo» del reactor, donde se produce la reacción nuclear.

Según señalaron desde la Coordinadora contra Garoña, es «inadmisible» prorrogar el funcionamiento de una central nuclear que durante sus casi 40 años de vida ha sufrido numerosos incidentes de diversa entidad, «que han supuesto impactos negativos para la salud de los habitantes de los pueblos más próximos y un riesgo grave para el más de un millón de personas del entorno».

Por contra, Nuclenor, empresa propietaria de Garoña, mantiene que la planta opera en plenas condiciones de seguridad y recuerda que desde su entrada en funcionamiento se han invertido 350 millones en su modernización y, si se prorroga su funcionamiento por 10 años más, se invertirán 100 millones más.

Sobre la renovación del permiso de funcionamiento, el CSN deberá emitir un informe que, si es negativo, será vinculante y, de lo contrario, será el Gobierno quien deberá decidir el cierre o prórroga.

En la misma línea, el secretario de Organización de Ezker Batua en Araba, Manolo Osante, pidió al Gobierno español y al CSN que «tomen nota de todas las incidencias ocurridas e inicien el proceso de cierre de la central de Garoña».

Osante estimó que «el Gobierno del PSOE y el CSN están en la obligación de atender las demandas reiteradas una y otra vez en las instituciones y en la calle». Además, consideró que los antecedentes de estos últimos meses tienen que «hacer pensar» al Ministerio de Industria y al propio CSN. «Es irresponsable confiar en la buena suerte que hasta el momento se ha registrado en Garoña», advirtió. Aralar, por su parte, denunció que esta infraestructura supone un «peligro público» y pidió su inmediato cierre.