La Consejería de Interior que dirige Javier Balza ha vuelto a prohibir motu proprio una movilización en solidaridad con los presos que estaba convocada en Donostia para el próximo día 14 de agosto. El Gobierno de Lakua decidió prohibir la marcha «en previsión de incidentes como los del pasado año».

Sin embargo, si recurrimos a la hemeroteca, se puede comprobar que el año pasado los altercados se generaron precisamente a raíz de la prohibición del acto por parte de ese mismo Departamento. La Ertzaintza detuvo entonces a nueve personas y otras tantas fueron heridas. Posteriormente, tres personas -Juan Mari Olano primero, y Joseba Alvarez y Ohiana Agirre después- terminaron en prisión por orden de la Audiencia Nacional, que se basó en el atestado realizado por la Ertzaintza. Es decir, si de lo que se trata es de evitar los incidentes, lo peor que se puede hacer es repetir la postura mantenida el año anterior. Y, si no, se puede argumentar de muchas maneras esa prohibición -ninguna de ellas atendiendo a criterios democráticos-, pero no de la que se ha hecho.

Mientras unos ciudadanos reman por los derechos de los presos vascos y contra una corriente represiva en la que los mandos de la Ertzaintza ejercen de patrones, Lakua rema contra la lógica, la memoria y la cordura.