La agresiva reacción por parte de la derecha que ha suscitado en el Estado español la iniciativa del juez Baltasar Garzón para elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes tras el golpe de Estado de 1936 refleja, para Ahaztuak, que «el modelo español de impunidad en el que se cimentó el final de la dictadura no es fácilmente sostenible».

Ésta no es la única investigación en curso sobre las víctimas del franquismo que instruye en estos momentos la Audiencia Nacional española. Desde que el pasado 17 de julio el tribunal especial aceptase la querella interpuesta por más de una veintena de asociaciones de víctimas del franquismo -entre las que se encuentra Ahaztuak 1936-1977-, la batalla jurídica para conseguir la extradición de cuatro nazis, responsables de tres campos de exterminio en los que fallecieron cientos de ciudadanos vascos y miles de españoles «rojos», no ha hecho más que comenzar su andadura. Mes y medio después llegaría la «irritante» información -para las víctimas del franquismo- sobre la participación de Garzón en la exhumación de cadáveres de varias fosas comunes en Colombia. Y pocas semanas después, la iniciativa que ha levantado airadas críticas contra su persona, pero que ha situado un asunto «intocable» en la agenda política.

«Batallón de la calavera»

Aunque la iniciativa de Garzón, por ahora, sólo es una mera interpelación para recabar datos y poder elaborar un censo de las víctimas de la dictadura militar, la querella contra los cuatro nazis sí cuenta con imputados concretos por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra: los cuatro ex integrantes del grupo Totenkopf-Sturbmbann de las SS John Demjanjuk, Anton Tittjung, Josias Kumpf y Johann Leprich.

En una comparecencia llevada a cabo ayer en Bilbo, Ahaztuak dio cuenta de los pormenores del proceso judicial que instruye el tribunal de Madrid para conseguir la extradición de los cuatro antiguos miembros de las SS nazis, actualmente residentes en Estados Unidos. En la rueda de prensa participaron las dos letradas de la asociación vasca, así como el teniente alcalde y el segundo teniente alcalde del municipio vizcaino de Busturia, y un sobrino del busturiarra Anjel Lekuona, que falleció en el campo de concentración de Flossenbürg, en 1945, escasos días antes de que el centro de exterminio fuese liberado por las fuerzas aliadas.

El reconocido grupo de ámbito internacional en defensa de los Derechos Humanos «Equipo Nizkor» ha impulsado la batalla legal contra los cuatro nazis, a los que siguió la pista hasta dar con ellos en EEUU. Éstos fueron los responsables de la custodia de los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenberg entre 1942 y 1945, en los que fueron recluídos más de 8.000 «rotspanien» -término empleado para calificar a los «rojos españoles»-, pereciendo allí más de la mitad; entre ellos, cientos de vascos.

En el panel que recoge la fotografía se puede apreciar un símbolo con una «S»; ése era el logo que los nazis imponían a los recluídos en los citados campos de exterminio y cuyo significado era que quien la portase estaba «condenado a morir». Todo ello derivó del decreto nazi «Noche y niebla» -nombre copiado de una obra de Wagner- que destinaba a los «rojos españoles», como a otros muchos, a la muerte. Y ése fue también el final impuesto a cientos de vascos.

Los cuatro integrantes del «Batallón de la calavera» consiguieron huir tras la Segunda Guerra Mundial a EEUU, cuya administración les otorgó la nacionalidad. En los últimos años no han podido renovar el documento de ciudadanía al descubrirse su verdadera identidad y, con ella, su tétrico pasado. En caso de que el largo y difícil litigio jurídico prospere y se lleve a cabo la ansiada extradición de los cuatro al Estado español, éste sería el primer juicio público contra responsables del nazismo después del que se celebró en Nüremberg en 1946.

«Las víctimas son gente que esperan el juicio de la historia», afirmó ayer el representante de Ahaztuak Martxelo Álvarez, al tiempo que interpelaba a las instituciones para que, siguiendo el ejemplo de Busturia, arrimen el hombro para restablecer la justicia y la verdad. Una depuración que desde Madrid ha sido permanentemente obstaculizada cuando los símbolos de homenaje al dictador Franco siguen siendo parte de la arquitectura del Estado español. Garzón y el Gobierno del PSOE, aunque con un retraso de más de 30 años, tienen ahora una oportunidad para resarcir a las víctimas.