OFENSIVA CONTRA LA IZQUIERDA ABERTZALE
Imputan «colaboración con ETA» a los empleados de EHAK citados por el juez Garzón
Seis ciudadanos vascos comparecieron ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusados de colaborar con ETA por haber recibido fondos de EHAK cuando trabajaban con contrato para la formación abertzale.
Manex ALTUNA | BILBO
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón inició ayer los interrogatorios contra más de una veintena de ciudadanos vascos imputados por recibir dinero de EHAK cuando trabajaban con contrato en vigor para la formación abertzale.
Según aseguraron las agencias de información, el magistrado tenía previsto tomar declaración a diez imputados. Sin embargo, los abogados defensores explicaron que tan sólo comparecieron ante el juez seis personas ya que las otras cuatro se encuentran en prisión y la Audiencia Nacional no realizó los trámites necesarios para que fueran citados.
Todos los imputados se negaron a declarar ante el juez y algunos de ellos explicaron que su decisión se debía a que se encontraban frente a un «tribunal de guerra que reprime los derechos del pueblo vasco».
Garzón, por su parte, informó a los imputados que están acusados de colaborar con ETA, un delito penado con entre 5 y 12 años de cárcel. Asimismo, el magistrado español no impuso ninguna restricción legal contra los imputados acerca de su libertad y el representante del Ministerio Fiscal tampoco reclamó medidas contra ellos.
Mañana comparecerán más imputados. En cuanto a los presos políticos que se encuentran encarcelados por otras causas, aún no se conoce para cuándo van a ser llamados a declarar.
Las citaciones de ayer se enmarcan dentro de la causa que el magistrado instruye contra EHAK. El pasado mes de febrero Garzón dictó un auto por el que suspendía por tres años las actividades de este partido y ordenaba la clausura de sus sedes.
Entre las pruebas que presentó para justificar su decisión, aseguró que los fondos que recibía EHAK por su representación parlamentaria «eran gestionados por personas ajenas a su estructura y vinculadas a Batasuna y a la dirección única del denominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco».
Actuación «legal»
En el procedimiento de ilegalización contra EHAK que se está desarrollando en el Tribunal Supremo y que todavía se encuentra sin resolver, la Abogacía del Estado y la Fiscalía presentaron también como prueba contra la formación los pagos percibidos por los trabajadores.
Según explicaron en su día los abogados del partido abertzale, todas las personas que recibieron dinero eran trabajadores con contrato en vigor.
A su vez, acreditaron por qué recibieron las cantidades y en base a qué conceptos. Los letrados resaltaron que la actuación de EHAK es una «posibilidad contemplada legalmente».
En este sentido, será el miércoles cuando la sala del 61 del Tribunal Supremo comience a deliberar en torno a los procesos que se están siguiendo contra de EHAK y EAE-ANV. Para entonces ya habrán recibido las alegaciones de estos dos partidos, que tienen como plazo para presentarlas hasta el 15. Las agencias españolas precisaron que el fallo de las sentencias podría hacerse público en menos de una semana, a más tardar, el día 22 de este mismo mes.
Otro de los frentes de la ofensiva judicial abanderada desde Madrid tiene como objetivo el movimiento pro amnistía y todo apunta a que la Audiencia Nacional española hará pública en breve la sentencia contra los imputados en esta causa.
Asimismo, está pendiente de celebrarse en próximas fechas el juicio contra Udalbiltza en el que se encuentran imputadas numerosas personas.
«GAL jurídico»
Las citaciones para declarar en calidad de imputados realizadas por Garzón se conocieron el pasado mes de julio. La izquierda abertzale denunció, cuando se hicieron públicas, que se trataba de un nuevo «ataque» contra el independentismo vasco por parte de la Audiencia Nacional dentro de la ofensiva diseñada por el PSOE.
Según destacaron, a pesar de ello el Gobierno español no va a conseguir acabar con la izquierda abertzale porque le va a suceder lo mismo que a Felipe González, que «creó el GAL con el objetivo de hacer desaparecer a la izquierda abertzale» y no lo consiguió porque, según recordaron, los problemas políticos nunca pueden tener solución por la vía policial.
En este sentido, aseguraron que la «caza de brujas» contra la izquierda abertzale se debe a que «tiene un proyecto factible y posible: la Propuesta de Marco Democrático», e insistieron en que el PSOE y el presidente del Gobierno español van a «fracasar» si pretenden acabar con la izquierda abertzale a través del «GAL jurídico».
«Guerra de tribunales»
Askatasuna, por su parte, consideró en su día que las citaciones de Garzón correspondían a una «guerra de tribunales» que está llevando a cabo el Gobierno del PSOE en el marco de la «estrategia represiva» contra el independentismo vasco.
A su juicio, la Audiencia Nacional es «la mayor garantía de las conculcaciones de derechos que se registran en Euskal Herria», por lo que esta «guerra de tribunales no tienen ninguna legitimidad para citar, interrogar y juzgar a ciudadanos vascos». Por ello, exigió la «inmediata desaparición» de este tribunal.
Todos los imputados se negaron a declarar ante el juez y algunos denunciaron que lo hacían porque se encontraban frente a «un tribunal de guerra que reprime los derechos del pueblo vasco».
Garzón ha llamado a declarar en calidad de imputados por los fondos recibidos de EHAK a 23 personas, de las cuáles algunas se encuentran en prisión. Se prevé que salvo los que se hallan encarcelados, el resto comparezca mañana ante el juez.
La izquierda abertzale presentó en un velódromo abarrotado por casi 15.000 personas una propuesta novedosa para la resolución del conflicto político y que fue clave para el inicio del último proceso de negociación ya finalizado.
El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha remitido un escrito a la Fiscalía para que informe si «continúa interesando» que se tome declaración en calidad de testigo a Jon Idigoras por el acto celebrado en noviembre de 2004 en el velódromo de Anoeta. El histórico dirigente de la izquierda abertzale falleció en junio de 2005, pero el tribunal especial ha planteado la citación del que califica como «ex dirigente de Batasuna» junto a las de otras personas como Itziar Aizpurua e Iñigo Balda.
La denuncia por la que pretenden citar a declarar a Idigoras fue realizada en su día por el Foro de Ermua ante el TSJPV. Sin embargo, este tribunal se inhibió y remitió el caso a la Audiencia Nacional, que es la instancia en la que se encuentran las diligencias abiertas.
Nacido en 1936 en Zornotza, Idigoras fue uno de los fundadores del sindicato abertzale LAB y de Herri Batasuna. Fue integrante de las mesas nacionales de la formación, su portavoz y diputado en el Congreso español. Fue denunciado en numerosas ocasiones por sus declaraciones, singularmente ante el Tribunal Supremo, que llegó a tramitar hasta cuatro procedimientos a la vez contra él, pero en todos los casos acabó absuelto. El 20 de noviembre de 1989 fue testigo del atentado perpetrado en Madrid por el GAL contra los diputados de Herri Batasuna en el Congreso, en el que resultó muerto Josu Muguruza y herido muy grave Iñaki Esnaola. Idigoras salió ileso porque el arma que lo apuntaba se encasquilló.
Jon Idigoras fue encarcelado junto al resto de los miembros de la Mesa Nacional, por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y salió en libertad provisional por problemas de salud.
El acto de Anoeta fue la última intervención política en la que participó Idigoras. Ante un velódromo abarrotado con cerca de 15.000 personas, el político de Zornotza sentenció de forma emotiva que «aquí hay un pueblo en marcha».
Ese día se hizo pública la propuesta para la superación del conflicto «Orain herria, Orain bakea», planteada por la izquierda abertzale. Batasuna, que se encontraba ilegalizada por los tribunales españoles, presentó una oferta que destacaba por el método que proponía para buscar una solución del conflicto político y que diferenciaba dos ámbitos de negociación y acuerdo. El primer ámbito abarcaba a los agentes políticos, sociales y sindicales de Euskal Herria, para acordar «el tránsito, el camino que nos conduzca de la actual realidad del país hasta una realidad donde sea posible que vascos y vascas, de manera pacífica y democrática, decidamos libremente nuestro futuro».
El segundo espacio de negociación y acuerdo correspondía, según este planteamiento, «a la organización armada ETA y a los gobiernos de los dos estados». El contenido de ese acuerdo, se consideró necesario para «superar definitivamente el conflicto político y armado, que se circunscribirá -según afirmó Arnaldo Otegi- a acordar un proceso de desmilitarización del conflicto y a acordar el proceso de superación de las consecuencias del mismo en lo que se refiere a presos, refugiados y víctimas multilaterales».
La propuesta planteada en Anoeta fue la clave para iniciar el último proceso de negociaciones.
150 personas realizaron ayer a la tarde, a partir de las 20.00, una concentración en Sestao en solidaridad con los imputados citados a declarar en la Audiencia Nacional española. Uno de los acusados es natural de esta localidad de Ezkerraldea.
