Al hilo, como siempre, del revuelo mediático desatado en torno a la excarcelación de Iñaki de Juana, el pasado 6 de agosto el ministro de Interior español se veía obligado a explicar que las cosas ya no son como antes. Alfredo Pérez Rubalcaba recurrió al ejemplo de uno de los últimos detenidos en Bizkaia para indicar que tras las reformas del Código Penal español «Arkaitz Goikoetxea, que tiene 28 años, saldrá de prisión con 68». Pero apenas un mes después, esto ya no es suficiente para el PSOE. Según la modificación anunciada anteayer por el propio Rubalcaba y su homólogo de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, Goikoetxea llevaría también una pulsera telemática e iría a clases de «reinserción» durante otras dos décadas más; es decir, desde los 68 a los 88 años.

Esta es, al parecer, la fórmula con la que el PSOE piensa afrontar el conflicto también en la segunda mitad del siglo XXI, a partir de 2048, fecha en la que empezaría a aplicarse ese control a presos «no reinsertados». A tenor de sus palabras, Rubalcaba y Bermejo creen que ésa es la fórmula idónea para tratar de poner fin a ETA, que para entonces, por cierto, estaría a punto de cumplir un siglo de vida.

Algunos medios recordaban ayer que ésta es la vigésima reforma del Código Penal aprobado, también por otro Gobierno del PSOE, en 1995. Veinte reformas en trece años. De seguir a este ritmo, para el citado 2048 la norma penal española se habría endurecido en más de 110 ocasiones (no está mal para un estado tan reticente a mover una sola coma de otros textos como su Constitución). Con tanto retoque, poca duda cabe de que presos y ex presos serán castigados entonces hasta más allá de los cien años. Y todo ello en un estado cuyos dos partidos mayoritarios -PSOE y PP- acaban de reiterar que la cadena perpetua está fuera de agenda.

Toda esta proyección puede parecer frívola, pero es real a tenor de las explicaciones de Rubalcaba y Bermejo. La rueda de prensa consiguió el objetivo de copar titulares, pero nadie supo explicar qué avances concretos vislumbra el Gobierno con ello, allá por la mitad del XXI.

A la espera de la definición exacta que tengan estas líneas de acción, la medida-estrella parecer ser la de imponer un sistema de «libertad vigilada» posterior al cumplimiento de la condena. El Estado francés ha implantado hace unos meses algo similar. Pero es dudoso que se trate de algo nuevo para los vascos, como demuestran los confinamientos impuestos a Filipe Bidart o Daniel Dergi tras cumplir sus largas condenas en este mismo territorio, o como evidencia el control policial incesante a otros ex presos al sur del Bidasoa. ¿Y qué decir de la situación de De Juana?

Puede sonar a novedosa la introducción de penas de alejamiento para los ex presos, pero tampoco lo es. Las sentencias de la Audiencia Nacional la vienen imponiendo hace meses respecto a las víctimas de las acciones juzgadas. A Rubalcaba se le preguntó en la rueda de prensa por qué no se decretaba un alejamiento de todas las víctimas de ETA: «Eso no se ha hecho nunca, comprenda que es una prohibición que le impediría vivir casi en ningún sitio», tuvo que explicar el ministro.

Cabría pensar que a corto plazo tendrá más consecuencias prácticas la anunciada eliminación del plazo de prescripción para los delitos más graves. Pero tampoco eso es tan claro. Contra la creencia general, el plazo de 20 de años para la prescripción de atentados mortales no se aplica desde que ocurre el hecho, sino desde la última diligencia judicial realizada al respecto. Es decir, que cada vez que un caso se reactiva, el plazo se reabre. Y no es una teoría, sino una realidad: sumarios judiciales contra ciudadanos vascos han sido reabiertos a partir de nuevos testimonios arrancados en periodos de incomunicación a personas detenidas quince años más tarde.

Todo esto no quita un ápice de gravedad a esta ofensiva que no tiene fin, como se ve, ni en la manera de retorcer el Código Penal ni en el horizonte temporal al que se apunta. Expertos en la cuestión llaman la atención sobre un aspecto: el Código ha dejado de cumplir el objetivo de «perseguir el delito» y se ha convertido en un procedimiento para «perseguir al delincuente». La aplicación del llamado «Derecho Penal de Autor» queda de manifiesto en todas estas reformas hechas al hilo de escándalos artificiales con nombres propios: «caso Parot», «caso de Juana». Subyace un claro concepto de venganza.

Pese a la inacción general ante esta imparable cascada de innovaciones represivas, en las lecturas hechas ayer por algunos partidos también se palpaba esta convicción.

Así, Gaspar Llamazares (IU) dijo que advierte «tufillo represor» y «cadena perpetua con sordina» en las últimas propuestas; para Emilio Olabarria (PNV), perseguir a los ex presos es una medida de «dudosa constitucionalidad» y contradictoria con «un Código Penal dimanante del Convenio Europeo de Derechos Humanos»; Joseba Azkarraga, consejero de Lakua, acusa al Gobierno Zapatero de ser débil ante las presiones; y Aralar ve evidente «el fracaso de la política penitenciaria».