Sentencia sobre el impuesto de sociedades
El fallo del Tribunal de la UE deja el litigio fiscal en manos del TSJPV
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respaldado la capacidad de las instituciones de la CAV para fijar tipos impositivos diferentes a los del Estado español al reconocer su autonomía institucional, aunque deja en manos del TSJPV confirmar si los menores ingresos son compensados por el Estado español, lo que convertiría las normas fiscales en ilegales. La Rioja y Castilla y León confirmaron que seguirán acudiendo a los tribunales.
GARA | LUXEMBURGO
El Tribunal de Justicia de la UE respaldó ayer la capacidad de las instituciones de la CAV para fijar tipos impositivos diferentes a los del Estado español en sus normas fiscales, pero dejó en manos del Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco (TSJPV) verificar que la pérdida de ingresos por esos impuestos diferentes no sea compensada por otras vías, lo que las convertiría en ilegales. De esta forma, sigue las pautas que incluyó en su informe preliminar la abogada general del Tribunal, Julianne Kokott, el pasado mes de mayo.
El Tribunal sentenció que, para determinar si las instituciones de la CAV pueden aplicar normas fiscales diferentes a las del resto del Estado español, es necesario verificar que el sistema de Cupo no se utiliza para compensar la posible caída de los ingresos, cuestión que deja en manos del TSJPV.
La Corte europea precisó, en respuesta a una pregunta planteada por el propio TSJPV, que corresponde a este último comprobar si las autoridades vascas cumplen los requisitos de autonomía institucional, de procedimiento y económica que le permitirían aplicar una fiscalidad diferenciada. En caso afirmativo, las normas adoptadas por las haciendas forales no tendrían carácter selectivo, por lo que no deberían considerarse ayudas de Estado. El fallo del Tribunal de Luxemburgo ha respondido a una consulta que le planteó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el caso de los recursos presentados por La Rioja y Castilla y León y por el sindicato UGT-Rioja contra el impuesto de sociedades vasco del 2005, más bajo que el del territorio común.
Autonomía económica
El Tribunal de la UE ha fallado que las haciendas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa cumplen los principios de autonomía política y de procedimiento para tener normas fiscales diferentes a las del resto del Estado español, aunque matiza que sobre el tercer requisito, el principio de autonomía económica, el Tribunal Superior Vasco deberá verificar que el Cupo no se utiliza para compensar la posible caída de los ingresos por la reducción de impuestos.
Este fallo fue recibido ayer con general satisfacción en la CAV, al extenderse la consideración que supone un respaldo a la capacidad normativa vasca, y confiar en que termine con los recursos ante los tribunales por parte de otras autonomías.
Sin embargo, el hecho de que la Corte dejara en manos del TSJPV determinar la legalidad de las ayudas deja abierta esa puerta y queda lejos de zanjar judicialmente el cuestionamiento de la autonomía fiscal, como esperaban Lakua y las diputaciones. De hecho, las comunidades vecinas de La Rioja y Castilla y León estimaron que al introducir el matiz de la verificación del Cupo, el Tribunal europeo no ha dado toda la razón a las instituciones vascas, de manera que seguirán planteando recursos hasta llegar al Supremo, con lo que la capacidad fiscal vasca estaría de nuevo ante los tribunales y en este caso, ante los españoles.
El Tribunal de Luxemburgo da por sentado que la CAV goza de autonomía institucional porque sus instituciones «poseen un estatuto politico y administrativo distinto al del Gobierno central». En cuanto a la autonomía de procedimiento, recuerda que dicho criterio se cumple si no hay interferencia posible del Ejecutivo en sus decisiones, pero señala que debe ser el TSJPV el que lo verifique. Por último, respecto a la autonomía económica y financiera, incide en que ésta exige que las consecuencias de una reducción impositiva en la región «no se vean compensadas por ayudas o subvenciones procedentes de otras regiones o del Gobierno central».
Sobre este punto, los jueces europeos destacan que, aunque el Cupo -que regula el pago de las haciendas al Estado por los servicios que éste presta en la CAV- se calcula, en principio, a partir de criterios técnicos, su fijación resulta de «negociaciones esencialmente políticas». Así, señala que uno de los datos esenciales para el cálculo del Cupo es el llamado «coeficiente de imputación», que en teoría refleja el peso relativo de la economía de la CAV en el conjunto del Estado, pero recalcó que la cifra final se calcula tras una discusión política.
El Tribunal de Justicia advirtió, en ese contexto, que una infravaloración del citado coeficiente «tan sólo puede constituir un indicio de una falta de autonomía económica de los territorios históricos». A su juicio, para que pueda constatarse efectivamente esa falta de autonomía, debe existir una compensación, es decir, una relación de causa-efecto entre una medida tributaria adoptada por las autoridades forales y los importes puestos a cargo del Estado español.
En cualquier caso, el Tribunal de Justicia de la UE indica que corresponde al TSJPV determinar si tal proceso de fijación del coeficiente de imputación, debido a la metodología adoptada y a los datos económicos tomados en consideración, tiene por objeto permitir al Gobierno español compensar la pérdida de ingresos derivada de una medida tributaria favorable a las empresas adoptada por los territorios históricos.
También aconseja al Tribunal vasco verificar si determinadas normas forales pueden implicar «compensaciones ocultas» en sectores como la Seguridad Social o la garantía por parte del Estado español de un servicio público mínimo o incluso en el funcionamiento del Fondo de Compensación Interterritorial.
Volverán los recursos
El vicepresidente económico español, Pedro Solbes, quiso alejar la posibilidadd de nuevos cuestionamientos de los tipos impositivos al afirmar que el Cupo no tiene nada que ver con la autonomía fiscal de la CAV, ya que se calcula en función del coste de las competencias del Estado la CAV, pero no en función de la autonomía del territorio para fijar sus tipos impositivos.
En cambio, las comunidades que plantearon la demanda, insistieron en que recurrirán a los tribunales. El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, afirmó que buscará en los tribunales españoles un pronunciamiento «definitivo» sobre la fiscalidad vasca y que llamará a la puerta del Gobierno español.
Sanz insistió en que su Gobierno buscará obtener un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo sobre los tipos impositivos, «manteniendo que son contrarias al derecho comunitario y nacional y que perjudican gravemente los intereses de La Rioja». Insistió en que la sentencia del Tribunal de Luxemburgo no proporciona una solución definitiva y remite al TSJPV para que determine si existe o no autonomía en los territorios forales que les permita fijar tipos menores que en el Estado. Por ello, cree que la cuestión no queda zanjada, y advirtió de que contra una sentencia del TSJPV se podrá interponer recurso ante el Supremo.
Igualmente, la Junta de Castilla y León estimó que la decisión del Tribunal de Justicia de la UE «no da la razón» a las haciendas de las diputaciones, «porque porque no las reconoce una autonomía económica, sino que viene a decir que el asunto tratado es una cuestión interna de España», según el portavoz del Gobierno de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, quien anunció que persistirá en su oposición al régimen fiscal autonómico.
«Vamos a ver qué dice (el TSJPV) porque lo que haga se podría recurrir ante el Tribunal Supremo, donde hay sentencias que apoyan nuestras tesis contrarias» a algunas medidas de las haciendas forales, como las denominadas «vacaciones fiscales», señaló De Santiago Juárez.
Satisfacción en Nafarroa
El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Nafarroa, Álvaro Miranda, sí se mostró satisfecho por la sentencia al considerar que la misma «no solo ratifica los regímenes fiscales forales sino que además abre grandes expectativas de futuro para sacar el máximo provecho al diseño de los impuestos en Navarra, para el diseño de los impuestos en la Comunidad Foral, siempre dentro del respeto a las relaciones con el Estado y a la armonización fiscal».
El consejero navarro entiende que la sentencia del Tribunal Europeo «da validez al Impuesto de Sociedades y a las ayudas a empresas establecidas en su día por la CAV, diferentes de las del régimen general», y esto es, a su juicio, «aplicable también a Navarra». Por ello, estimó que «viene a consolidar de forma definitiva el régimen fiscal de la Comunidad Foral».
El Tribunal Superior Vasco del País Vasco deberá verificar que el Cupo no se utiliza para compensar la posible caída de los ingresos por la reducción de impuestos.
El Tribunal europeo reconoce que las instituciones de la CAV poseen un estatuto político y administrativo distinto al del Gobierno central (autonomía institucional) y que éste no interfierne en sus decisiones (autonomía de procedimiento).
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, afirmó ayer que la resolución del Tribunal de Justicia de la UE sobre el Impuesto de Sociedades constituye un «espaldarazo» al Concierto Económico, al tiempo que ha negado que existan compensaciones del Estado en la negociación del Cupo. En una solemne puesta en escena en la Diputación de Gipuzkoa junto a los diputados generales de Guipúzcoa, Markel Olano, Vizcaya, José Luis Bilbao, y Álava, Xabier Agirre, calificó como «histórica» la decisión del Tribunal y restaron importancia a la petición de que se verifique si el Estado compensa a la CAV por la vía del Cupo en caso de que los ingresos desciendan, ya que, según Ibarretxe, «el cálculo del Cupo es perfectamente claro y no existe ningún tipo de compensación».
A pesar de estas muestras de confianza en que la sentencia zanja las disputas judiciales, insistieron en la necesidad de «blindar» las normas fiscales y de recurrir para ello a las instituciones españolas. El lehendakari reclamó al PSOE y al PP que «cesen en sus ataques» en los tribunales contra la fiscalidad vasca «desde las comunidades autónomas y también de las instituciones españolas», ya que, a su juicio, estos partidos «no pueden seguir jugando con dos barajas y salir defensores del Concierto en Euskadi pero, a su vez, atacarlo desde los gobiernos en los que participan desde las comunidades limítrofes. Ibarretxe consideró además que tras el fallo del Tribunal de la UE, se abre una «oportunidad de oro» para aprobar en el Congreso español la iniciativa legislativa encaminada a «blindar» el Concierto Económico.
Los tres diputados general también consideraron «inaplazable» el blindaje del Concierto Económico. Para Markel Olano, «a partir de ahora nos deberán respetar mucho más y debe de ser únicamente el Tribunal Constitucional el que pueda enjuiciar las normas forales vascas».
José Luis Bilbao, por su parte, insistió en la necesidad de blindar «con más urgencia y fuerza» el Concierto económico. «Estamos felices porque nos han dado la razón en algo básico para el autogobierno vasco», apuntó el diputado general vizcaíno, quien pidió a los partidos políticos que votan en el Parlamento de Gasteiz a favor del sistema fiscal vasco «lo hagan también en Madrid».
Por último, Xabier Agirre reiteró la petición al Estado y las Comunidades limítrofes de que cesen los recursos contra el sistema fiscal vasco y aseguró que el pronunciamiento del Tribunal Europeo «encaja perfectamente en la Unión Europea» el Concierto «equiparándolo a las potestades fiscales que tenga cualquier Estado de la Unión». Añadió que las instituciones vascas esperan «con optimismo» el pronunciamiento a posteriori del TSJPV que «entendemos no puede ir en otro sentido».
Los gobiernos de La Rioja y Castilla y León no dan por zanjada de forma definitiva la polémica jurídica e insistieron en que seguirán presentando demandas y subrayando que los recursos podrían acabar en el Tribunal Supremo.
La Comisión Europea considera que el fallo emitido ayer por el Tribunal de Justicia de la UE no tiene ninguna incidencia en las decisiones de la Comisión de considerar ayudas de Estado las llamadas «vacaciones fiscales». El portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, señaló que toma nota de la sentencia de la corte luxemburguesa, que estudiará atentamente, pero precisó que este caso no tiene conexión con la serie de decisiones de Bruselas contrarias a las «vacaciones fiscales». Bruselas mantiene desde hace casi una década una disputa en torno a estas rebajas y exenciones tributarias, que considera ayudas de Estado incompatibles con el mercado único.
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Instituciones, partidos y empresarios acogieron con satisfacción la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al considerar que supone un respaldo a la capacidad normativa vasca.
Pese a subrayar la autonomía que reconoce la sentencia será en el Congreso español donde el PNV pedirá en el al jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, que dote «de mayor protección y seguridad jurídica» al Concierto.
El secretario general del PSE, Patxi López, propuso «la búsqueda de un pacto político en materia fiscal porque usiempre contendrá más efectividad, más fuerza y más seguridad jurídica que cualquier intento de acudir a instancias judiciales». Para el presidente de EA, Unai Ziarreta, el fallo supone «un varapalo para formaciones políticas, como el PP, que públicamente aparecían aquí defendiendo la fiscalidad pero que luego, desde comunidades limítrofes, son las que planteaban los recursos contra nuestro concierto».
El presidente del PP, Antonio Basagoiti, afirmó que el «problema» con el Cupo es por el «cambalache y el trapicheo entre Ibarretxe y Zapatero» en asuntos como la financiación de la Ley de Dependencia. El portavoz de la presidencia de Ezker Batua, Mikel Arana, pidió al PNV y EA que usen el respaldo dado por el Tribunal a la autonomía fiscal «para promover políticas fiscales más justas y más progresivas». Confebask, Adegi y SEA se congratularon por el «amplio y decisivo espaldarazo» del Tribunal y aprovecharon para pedir aún impuestos más bajos sobre sus beneficios, con un tipo cercano al 24%, asegurando que se trata de un instrumento que favorece «la actividad económica y el dinamismo de las empresas». Precisamente, LAB afirmó que la sentencia que avala la autonomía fiscal otorgada a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa «alimenta la ambición de una patronal ansiosa de nuevas rebajas» del Impuesto de Sociedades. LAB indicó que la sentencia evita «dar carpetazo definitivo» al asunto y «devuelve la pelota» al TSJPV y recordó los límites legales que «impiden desarrollar una auténtica soberanía fiscal vasca».
Finalmente, CCOO afirmó que el Tribunal «clarifica la situación de indefinición jurídica que había», pero criticó que las instituciones vascas no hayan utilizado el Concierto en beneficio de los trabajadores.
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El Gobierno navarro consideró que la senencia no sólo ratifica los regímenes fiscales de los territorios de la CAV sino que es aplicable también a Nafarroa y «abre grandes expectativas de futuro para el diseño de los impuestos de la Comunidad foral».
