El Tribunal Supremo español ya tiene sobre su mesa las alegaciones de EHAK en el trámite final del proceso de ilegalización, y mañana concluye el plazo para ANV, tras lo que la Sala del 61 se reunirá y tomará la decisión final. Los escritos de EHAK, a los que ha tenido acceso GARA, subrayan la indefensión que acarrea tener que afrontar lo que la defensa denomina como «pruebas prefabricadas» por las FSE, con el claro objetivo de poner fuera de la ley a este partido.

Señala varios ejemplos clarificadores al respecto. Por ejemplo, que todos los testigos utilizados en la vista oral de junio eran policías que comparecían teóricamente en calidad de peritos, pero que en varias ocasiones dejaron claro su interés directo en la causa (uno de los guardias civiles llegó a indicar en la sala que ellos actuaban al igual que hacía un tribunal).

La defensa llama la atención además sobre la aportación como prueba de intervenciones telefónicas que en realidad se venían desarrollando desde 2004 ó 2005, pero «que no han sido consideradas interesantes» hasta el momento en que se tomó una decisión política de ilegalizar a EHAK. Cita, en paralelo, que estas grabaciones se han hecho sin control judicial alguno, de modo que por ejemplo «es la Policía la que escoge lo que interesa, y el juez escucha `a boleo' una parte de lo que le envían».

Esta parte recuerda que antes de la vista oral ya reclamó que todos estos testigos fueran «tachados». Y lo contrapone con la decisión de los demandantes de impugnar también a los testigos aportados por EHAK, pero en este caso después de interrogarles ante el tribunal y de quedar en evidencia que sus explicaciones exculpaban a este partido.

En resumen, la defensa concluye que «se ha recurrido sistemáticamente a informes policiales porque no existía otra prueba posible. Estos informes se han encargado ex profeso para que digan lo que sus requirientes querían que dijeran. Se han realizado prescindiendo de los datos objetivos, interpretando los elementos probatorios a su alcance de manera sesgada e incluso manipulada, y llegando a las conclusiones que tenían establecidas de antemano, a pesar de que los datos o hechos condujeran a otras conclusiones diferentes».

Ni un pago en 122.000 apuntes

Como evidencia más palmaria de la inexistencia de pruebas que vinculen a EHAK con Batasuna o ETA, la defensa cita el caso de los flujos económicos. La Guardia Civil admitió en la vista que tras analizar 12.000 documentos, 122.018 apuntes bancarios y 594 cuentas corrientes de este partido no había acreditado que ni un solo euro hubiera sido transferido a una organización ilegalizada. «Y pese a la evidencia, se sigue sosteniendo a estas alturas que esa financiación ha existido», denuncia la defensa, que en la vista oral fue ejercida por Kepa Landa y Jone Goirizelaia. De hecho, esta misma semana el juez Baltasar Garzón ha interrogado a trabajadores contratados por EHAK sobre la cuestión, dentro de un procedimiento paralelo por vía penal.

La defensa añade que, de igual modo, no hay pruebas de que el partido con representación en el Parlamento de Gasteiz «endureciera» sus posiciones tras el fin de la tregua por mandato de ETA, ni de que estuviera subordinado a Batasuna, ni de que se creara en su seno, ni de que hubiera una «caja única» con ANV y Batasuna, ni de que tuviera una unidad de acción por haber coincidido sus miembros en locales o en reuniones, entre otras imputaciones.

Al hilo de este último aspecto, los abogados de EHAK introducen una voz de alarma sobre la «persecución» a estas personas «no por sus conductas, sino por quiénes son, por su adscripción política».

Pone como ejemplo muy clarificador el caso de Sergio Lezkano, actualmente preso acusado de relación con ETA. Los demandantes citan como indicio para la ilegalización que EHAK contrató los servicios de una empresa regentada por Lezkano, de quien por cierto la defensa recuerda que ni siquiera ha sido juzgado ni, por tanto, condenado. Sin embargo, Fiscalía y Abogacía del Estado recurren a Sergio Lezkano «sin importar si esta persona era titular de tal empresa, si de verdad prestó trabajos y si cobró por ello. Lo que importa es quién es esa persona. Y por ser quien es, contamina a quien le contrató».