Manual E. YEPE (Alai Amlatina)

El crimen de los cinco cubanos condenados en EEUU consistió en haberse infiltrado, desarmados y con riesgo para sus vidas, en los grupos paramilitares de extremistas anticubanos de derecha de Miami, con el propósito de obtener las pruebas necesarias para cimentar ante la Justicia la denuncia de sus planes terrorista y prestar así un servicio a la seguridad de los pueblos de Cuba y de EEUU. No había otra opción para combatir esos planes y evitar tales ataques criminales, dada la reiterada inacción del Gobierno estadounidense, que negaba objetividad a las denuncias.

Obtenidas las pruebas esenciales, el Gobierno cubano informó por los canales apropiados a la Casa Blanca y, en junio de 1998, una delegación del FBI viajó a Cuba y recibió completa documentación sobre las actividades de los terroristas de Miami, agradeció la información y prometió tomar medidas.

El 12 de septiembre de 1998 el FBI procedió a arrestar en sus domicilios... a los cinco valientes antiterroristas cubanos, en tanto los terroristas no fueron siquiera molestados y pudieron continuar tranquilamente sus entrenamientos en el sur de Florida.

Durante 17 meses, permanecieron en celdas de aislamiento hasta que su caso fue presentado al tribunal. Pese a impugnaciones para lograr un proceso judicial razonable, el juicio se celebró en el reconocidamente hostil ambiente de Miami y en 2001 el Tribunal les condenó a severas penas.

Fue un juicio colmado de irregularidades que duró más de seis meses, convirtiéndose en el más largo en la historia judicial de EEUU hasta entonces. Una feroz campaña de prensa, especialmente intensa en los medios locales, intensificó las amenazas y presiones en el proceso de selección de los integrantes del jurado. Los únicos tres que expresaron neutralidad respecto a Cuba en el momento de la selección, fueron descalificados por el Gobierno y muchos de los escogidos se quejaron por las presiones mafiosas para exigirles parcialidad a favor de los intereses de los contrarrevolucionarios cubanos de Miami.

Unos 120 volúmenes de testimonios, incluidos los de tres generales del Ejército y un almirante retirados, el ex asesor del presidente Bill Clinton para asuntos cubanos (todos llamados por la defensa), así como altos oficiales cubanos y más de 20.000 páginas de documentos fueron compiladas para evidenciar que los cinco cubanos habían actuado en defensa de su país sin atentar contra intereses de EEUU ni violar sus leyes.

Una vez declarados culpables, los cinco cubanos fueron confinados en cinco cárceles de máxima seguridad alejadas entre sí. Gerardo Hernández fue sentenciado a dos cadenas perpetuas; Antonio Guerrero y Ramón Labañino, a cadena perpetua; Fernando González, a 19 años de prisión, y René González, a quince años de cárcel. Los tres condenados a perpetuidad fueron las primeras personas en la historia de EEUU en recibir tal sanción por delitos relacionados con espionaje, con la singularidad de que no había elemento alguno que probara ese delito ni existió un solo documento secreto manipulado por ellos.

Arbitrariedad

En mayo de 2005, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, dictaminó que la privación de libertad de los cinco cubanos «es arbitraria y contraviene el artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos» y exhortó al Gobierno de EEUU a rectificar esa injusticia.

En agosto de ese año, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito Federal en Atlanta dispuso, por unanimidad, anular la arbitraria condena de los cinco jóvenes activistas antiterroristas, que ya habían cumplido cuatro años en aciagas condiciones. Ese veredicto constató que Miami es una ciudad «dominada por un prejuicio tan marcado contra el Gobierno de Cuba que imposibilita un debido proceso de justicia en un caso en el que los acusados se identifican plenamente con el Gobierno de su país y con la necesidad objetiva de defender al pueblo cubano del terrorismo». Tan categórico pronunciamiento debió haber llevado a la Fiscalía a desestimar los cargos y liberar de inmediato a los condenados, pero, en una aberración jurídica sin precedentes, a instancias del Gobierno federal, tal decisión fue ignorada.

Durante los tres años siguientes se han sucedido innumerables violaciones de los procedimientos legales por clara manipulación del sistema de justicia en función de objetivos de la política exterior. Ha sido una represalia política contra Cuba para gratificar a los grupos contrarrevolucionarios que pretenden controlar los inmigrantes cubanos en beneficio de los objetivos de la extrema derecha del establishment estadounidense que se ha servido para ello de fraudes electorales y otros delitos políticos.

«Cuando esto sucede y se revela la existencia de este prejuicio político, los norteamericanos experimentan un gran sentimiento de vergüenza y desconfianza en las leyes, el sistema de justicia y los tribunales», reconoció el abogado defensor Leonard Weinglass.

La infamia contra los cinco, que ha incluido graves violaciones de sus derechos como prisioneros y de los de sus familiares, ha incitado tal solidaridad mundial que ha hecho quebrar el silencio de los medios, que Washington sólo pudo mantener durante los primeros años de su infame cautiverio.

Una decena de premios Nobel, más de seis mil intelectuales, más de un millar de legisladores, decenas de parlamentos y comisiones parlamentarias, diversos foros internacionales y regionales, se han pronunciado en contra de la injusticia de que son víctimas estos luchadores antiterroristas. La entereza con que han hecho frente a sus captores es vivo reflejo de la actitud del pueblo de que son parte, para el que han devenido ejemplo.