Cuando los fascistas se hicieron con el poder en el estado español tras un frustrado golpe de estado, llegó la hora de pasar factura a los vencidos. La represión comenzó el propio 18 de julio, (lo definió explícitamente «el director» Emilio Mola: «Hay que sembrar el terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros»), pero tras la victoria de los fascistas ya liderados por Franco, esto es, franquistas, se puso en marcha un procedimiento judicial especial contra los defensores de la legalidad republicana. Su nombre: Causa General Instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España, la conocida como Causa General. Con esta y otras iniciativas se pretendía dar la vuelta a la realidad y justificar los crímenes fascistas ¡como respuesta a una supuesta rebelión de los republicanos!

Durante la dictadura (eso que los «demócratas españoles» llaman «régimen anterior») todo fue Causa General, todo fue represión sumarísima que, además de torturar masivamente, llenar cárceles y empujar a miles de personas al exilio, significó la ilegalización de todas las fuerzas políticas consideradas subversivas. Los enemigos a batir eran, sobre todo, la izquierda (especialmente el comunismo) y el «separatismo».

La de 1939 fue la victoria del nacionalismo español más virulento y excluyente, y bien ilustran las intenciones del franquismo con respecto a la «cuestión nacional» las palabras pronunciadas en la Universidad de Salamanca por el catedrático Francisco Maldonado de Guevara en el «Día de la Raza» (12 de octubre) de 1936: «Cataluña y el País Vasco, el País Vasco y Cataluña, son dos cánceres en el cuerpo de la nación. El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos, cortando en la carne viva como un cirujano resuelto». El fiscal Acedo, del ejército de ocupación, hablaba en su Memoria escrita en 1939 de la represión de todas las «fuerzas anti-españolas».

El fascista Areilza, convertido en alcalde de Bilbo, lo dijo muy clarito en su discurso de julio de 1937: «Hasta ahora, amigos, podían discutir los polemistas en dialécticas estériles sobre los supuestos derechos de Vizcaya a su autonomía o gobierno propio. Desde ahora hay una razón que está por encima de todas las argucias históricas y de todos los papeleos abogadescos. La razón de la sangre derramada por Vizcaya es otra vez un trozo de España por pura y simple conquista militar. La espada de Franco ha resuelto definitivamente el litigio curialesco del vizcaitarrismo (...)».

En el estado creado por los vencedores fuerzas como Acción Nacionalista Vasca quedaron fuera de la ley y fueron perseguidas. Lo mismo ocurrió con el Partido Socialista Obrero Español, el mismo que en septiembre de 2008 ha promovido la ilegalización de ANV, con quien, además de coincidir en la firma de documentos y pactos y trabajar en común en diversos ámbitos, concurrió en coalición en varios territorios a las elecciones de 1936 dentro del Frente Popular. El PSOE ha recurrido para colocar a ANV fuera de la ley al mismo tribunal en cuya fiscalía se situó en 1940 la responsabilidad de instruir la Causa General.

Como se sabe, ni éste ni ningún otro tribunal español fue purgado tras la muerte de Franco. Todo ello gracias a una transición hecha de la ley a la ley, en expresión de Fernández Miranda. Los jueces franquistas se han ido jubilando o muriendo, pero ni uno solo de ellos ha sido castigado por participar en el entramado represivo de una dictadura fascista, por usar la calificación de la ONU en relación al franquismo. Sirva como un dato más para conocer la maraña de conexiones entre la judicatura «democrática» y el fascismo que un servidor fue juzgado y condenado en 1997 por una sala de ese tribunal de la que formaba parte un ex gobernador franquista.

Existen muchos elementos para considerar que en realidad la Causa General sigue instruyéndose en pleno siglo XXI contra las «fuerzas antiespañolas». Cambian los nombres y las formas, ciertamente, ahora no hay Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo ni Tribunal de Orden Público, pero tenemos Audiencia Nacional. Sigue existiendo una legislación especial para los considerados enemigos del Estado, que la «democracia», al igual que el franquismo, llama terroristas.

Esta legislación incluye la incomunicación, bajo la que se denuncian escalofriantes torturas. La información obtenida gracias a estos mecanismos excepcionales sirve para alimentar procesos judiciales, del mismo modo que los datos obtenidos mediante tortura ilustraban la Causa General. Los presos políticos sufren medidas especiales de presión, castigo y chantaje, alejados de su entorno y su familia. El derecho de manifestación está limitado y hasta existe una legislación especial para ilegalizar partidos. Y esto en un estado en el que los defensores del golpe de 1936 disponen de plena libertad para organizar partidos, concurrir a las elecciones y justificar públicamente los crímenes fascistas.

Todo esto, obviamente, nunca habría sido posible sin la complicidad de fuerzas aparentemente antifranquistas, como el PCE y el PSOE, que conformaron la gran coartada de los franquistas para organizar una transición que preservó intacto el legado del 18 de julio.

Transición cuyo principal escollo ha sido siempre Euskal Herria. Como señalaba un informe confidencial del Consejo Provincial del Movimiento en Gipuzkoa en septiembre de 1972, «la resolución del problema del País Vasco no admite ninguna demora. Debe ser resuelto en vida del Caudillo. Si no se lograra eliminarlo de la herencia política que recibirá el príncipe de España al cumplirse las previsiones sucesorias, se realizará de tal forma en los primeros tiempos de su reinado, que exigiría una respuesta militar con todos los riesgos y condicionamientos que ello había de entrañar para el signo, definitivamente pacífico, que debe caracterizar la Monarquía del Movimiento».

Efectivamente, la herencia política recibida por Juan Carlos, el exponente de la Monarquía del Movimiento, ha quedado marcada por la lucha del pueblo vasco, que se ha negado a aceptar un simulacro de transición democrática que sigue negándole el derecho a ser y decidir. Hoy en día los herederos del 18 de julio, tanto los que obedecen a la tradición franquista como los que se subieron al carro desde el antifranquismo, perciben como un desafío la tenacidad de la sociedad vasca en la defensa de su identidad y sus derechos. De ahí que todo el aparato represivo, toda la legislación de excepción y toda la maquinaria mediática tengan como prioridad acabar con el independentismo vasco y evitar que Euskal Herria sea dueña de su destino.

No ha habido ruptura con el franquismo, no hemos salido del ciclo histórico caracterizado por un estado de excepción constante contra aquellos que el nacionalismo español considera sus enemigos. La ilegalización de ANV sólo puede encuadrarse en este contexto. Un panorama marcado a su vez por la reciente decisión del Tribunal Constitucional que reafirma el principio de que el único sujeto de decisión es España. Otro principio directamente heredado del franquismo, obsesionado por la unidad del estado, como el mismo Franco se encargó de trasmitir a su sucesor en su lecho de muerte.

España no tiene para Euskal Herria otra cara que la represión, la negación, la exclusión. «Sólo yo existo -nos dice España- vosotros no, y no tenéis derecho a decidir». Y, para despejar dudas, nos lo recalca a base de ilegalizaciones, juicios y prohibiciones que algunos que se dicen abertzales no vacilan en acatar e incluso aplicar.

Ahora bien, que la indignación no nuble nuestro análisis. La intensificación de la represión pretende, como decía Mola, «dejar sensación de dominio». Pero lejos de lograrlo, cada paso que dan en esta espiral aleja un poco más Euskal Herria de España. Cuanto más recurren a la represión, más debilitan su posición en nuestro país, poniendo de manifiesto que sólo se sostiene por el uso de la fuerza. Con cada nuevo golpe nos ofrecen una razón más para desear nuestra independencia.