Otro partido ilegalizado por el Estado español
El Estado español vuelve a poner fuera de la ley a EAE-ANV con sus 180.000 votantes, 59 años después
EAE-ANV, buque insignia de la lucha antifranquista con 550 gudaris muertos en el campo de batalla, ha sido ilegalizado de nuevo por el Estado español; esta vez, por decisión de su Tribunal Supremo, instigada por un gobierno del PSOE. A los jueces les bastó un día de deliberación para engordar la lista de ilegalizados que se estrenó hace cinco años con la prohibición de Batasuna, HB y EH, sin esperar siquiera a que Estrasburgo dictamine sobre este caso.
Ramón SOLA | IRUÑEA
Con una mueca de evidente satisfacción que fue reflejada por las cámaras de televisión, el presidente del Tribunal Supremo español, Francisco José Hernando, daba a conocer al mediodía de ayer la decisión de poner fuera de la ley a Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV). El dictamen ha sido adoptado por unanimidad, como se encargó de resaltar Hernando, y tras un único día de deliberaciones.
La iniciativa ha llevado la firma del Gobierno del PSOE, que esgrimió a partir de 2007 que ANV -formación plenamente legal desde 1977- estaba relacionada con la ilegalizada Batasuna. Pese a que en la vista pú- blica celebrada en junio no aparecieron pruebas al respecto -e incluso Fiscalía y Abogacía del Estado retiraron algunos elementos de sus informes finales-, el Tribunal Supremo ha dado por buenas sus demandas. Y lo ha hecho, además, en un tiempo récord, tras sólo un día de deliberaciones (en el caso de Batasuna, en 2003, fueron seis).
Ya se había adelantado que el fallo sería fulminante y que, pese a la gravedad de la cuestión, la Sala del 61 no agotaría los 20 días de plazo. El propio tribunal no ha eludido admitir que iba a decidir antes del martes próximo, dado que ese día se renueva el Consejo General del Poder Judicial y eso supone el relevo del presidente del Supremo y presidente a su vez de esta Sala, Francisco José Hernando. Así las cosas, el tribunal optó ayer por zanjar por lo sano las especulaciones y confirmar la «condena». Hoy comenzará a revisar el caso de EHAK, con la intención de ilegalizarlo también a lo largo de esta misma semana. Será después cuando se dén a conocer las dos sentencias; ayer sólo se adelantó el sentido del fallo.
Con la prohibición de ANV, son decenas de miles los votantes que se quedan sin la opción política que escogieron en 2007 y 2008. Pese a que la mitad de sus listas municipales fueron prohibidas, el pasado año el partido independentista acumuló unos 180.000 apoyos que le dieron más de 43o concejales «legales», sin contar aquellos cuyos cargos han sido usurpados por otras fuerzas.
Sin esperar a Estrasburgo
Las prisas mostradas por el Estado español no sólo han quedado en evidencia en el detalle concreto de sentenciar antes del relevo de Hernando. También han estado de manifiesto en la decisión política de ejecutar esta nueva ilegalización sin esperar al dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene sobre su mesa los recursos de otros partidos y listas abertzales que han sido prohibidos con anterioridad y los ha admitido a trámite.
Según se difundió a principios del pasado mes de agosto, la sala encargada de instruir estos recursos ha planteado además que sean elevados a la Gran Sala, lo que podría derivar en la celebración de una vista pública sobre las ilegalizaciones de partidos en el Estado español. Esta decisión ha puesto en guardia al Gobierno, que se ha posicionado en contra.
Sin embargo, nada de esto ha sido obstáculo para que el Estado acometa estas nuevas ilegalizaciones, y de continuidad así a la dinámica abierta en la primavera de 2003 con la expulsión del marco legal español de Batasuna, HB y EH.
También al igual que ocurrió entonces, antes de que el Tribunal Supremo decretara la ilegalización, la Audiencia Nacional ya se había adelantado a dictar la suspensión de actividades de EAE-ANV, a través del juez Baltasar Garzón y por vía penal.
La medida decretada ayer tendrá como principal efecto práctico la «liquidación» de sus bienes y efectos. ANV ya perdió sus sedes a manos del franquismo en 1939. Todo ello se detallará en el trámite de ejecución de sentencia, según explicó Francisco José Hernando.
«Ilegalizan partidos, no ideas»
Una de las concejalas ekintzales, Arantza Urkaregi, conoció la noticia mientras comparecía en Donostia. Consideró que «la decisión estaba tomada con antelación. No han debatido mucho acerca del tema». Garantizó, sin embargo, que «la izquierda abertzale va a seguir trabajando para construir una Euskal Herria que tenga reconocidos sus derechos como pueblo».
El movimiento pro-amnistía, por su parte, puso el acento en que «ilegalizarán partidos, pero no ideas. Este pueblo ha demostrado en estos últimos años que la represión más salvaje no consigue sus objetivos, como no los consiguieron el franquismo, los GAL o el Plan ZEN», e instó a dejar a un lado estas fórmulas.
En protesta por la decisión del Alto Tribunal español, 78 vecinos se concentraron en Lekeitio, 30 en Bermeo y 50 ante la sede del PSOE en Erandio.
Varios medios subrayaron ayer que éste es el segundo partido vasco ilegalizado después de Batasuna, junto al que fueron prohibidos también HB y EH. Aquella decisión fue tomada también de modo fulminante, sin agotar ni apurar el plazo previsto, pocos días después de que el Tribunal Constitucional avalara la Ley española de Partidos Políticos.
Sin embargo, durante estos cinco años, los dos máximos tribunales del Estado español también se han llevado por delante más de medio millar de candidaturas a todo tipo de instituciones. Primero, vetaron las agrupaciones electorales de Autodeterminaziorako Bilguneak (AuB) a las juntas y parlamentos en 2003, así como más de 200 plataformas municipales locales, lo que abrió la primera legislatura del «apartheid». En 2004 cerró el paso a Herritarren Zerrenda (HZ), que concurría a las europeas. Y en 2005 impidió que Aukera Guztiak llegara a las urnas para el Parlamento de Gasteiz. El record de ilegalizaciones se produjo en 2007, cuando la iniciativa del Gobierno del PSOE tumbó todas las listas municipales con la denominación Abertzale Sozialistak y la mitad de las presentadas por ANV, a quien se impidió el paso también al Parlamento navarro y, salvo excepciones parciales, a las juntas de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia.
Además, el Estado español vetó la inscripción como partido legal de Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) en 2007. Lo hizo antes incluso de que iniciara su actividad y, por tanto, sin analizar sus «conductas», como impone la Ley de Partidos.