Ya han disuelto ANV. Se veía venir, pero la complacencia de algunos ayer era llamativa. Por ejemplo la del editorialista de «El Correo Español» y «El Diario Vasco». Según el pensador de la derecha vascongada, «las evidencias de que Batasuna, ya ilegalizada, se había adueñado de las siglas de una formación histórica para dar con ellas cobertura al terrorismo y para procurarse el máximo de presencia en las instituciones locales y forales de Euskadi y Navarra resultaban tan abrumadoras que parecía imposible un veredicto distinto al emitido por unanimidad por la Sala del 61». Y matizaba: «Lo que lleva a pensar que las deliberaciones sobre EHAK, que dicha Sala inicia hoy, probablemente conduzcan al mismo final». Lo tienen tan claro...

Lo mejor es lo que sigue: «La izquierda abertzale pretendió denunciar ayer que la resolución del Supremo era `una decisión política que ya estaba tomada'». ¡Pero si hasta el mismo editorialista lo sabía! Y proclaman además que «no todo es posible en democracia». Y hablan de ANV, una formación con el pedrigí democrático que les falta a sus consejos de administración.

Como de lo que se trata es de mezclar churras con merinas y lo anterior no quede claro, el editorialista empieza a batir elementos diversos: «El fallo del Supremo pone en entredicho la coherencia de la actuación del Gobierno y de la Fiscalía General cuando optaron por impugnar unas y no otras listas electorales de ANV a los comicios locales de mayo de 2007, al tiempo que recuerda las incomprensibles dudas y renuencias entre las formaciones democráticas que, seis meses después del asesinato de Isaías Carrasco en Mondragón, permiten que electos de la izquierda abertzale continúen al frente de algunas alcaldías. Por eso mismo el milagroso fallo del artefacto letal que ayer estuvo a punto de costarle la vida a otro servidor público no debe ser contemplado como un incidente más, sino como la prueba de que el nacionalismo gobernante no puede desentenderse de su responsabilidad política a la hora de combatir a ETA y a quienes le dan cobertura con todos los instrumentos que brinda la legalidad sin que sobre él caigan todas las sospechas del interés electoral más reprochable». Doscientos mil ciudadanas y ciudadanos ilegalizados. Eso es lo que hay.